Procuraduría Investiga Exministro Palma por Crisis Energética en el Caribe

La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa a figuras clave en la gestión de la empresa Air-e, incluyendo al exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Vega, por su presunta responsabilidad en la profundización de la crisis energética que azota a la región Caribe colombiana. La investigación disciplinaria, que también involucra a los ex agentes interventores Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Elmer Felipe Durán Carrón, surge de un «informe preventivo con fines disciplinarios» que detalla un patrón de «omisiones continuadas y progresivamente agravadas».

Deterioro Financiero y Operativo Bajo Intervención Estatal

El núcleo de la investigación se centra en cómo, durante los periodos de intervención estatal, la situación de Air-e, la prestadora de energía en la región Caribe, no solo no mejoró, sino que sufrió un deterioro significativo. La Procuraduría destaca cifras alarmantes que evidencian esta regresión:

La «ausencia de solución empresarial» se prolongó por dieciséis meses.
La deuda postoma de la empresa escaló de $833.000 millones a $2,23 billones.
El Índice de Pérdidas de Transformación (IPT) se deterioró del 29,37% al 31,20%.
El patrimonio neto de la compañía pasó de ser positivo a negativo durante la administración directa del Estado.

Estos indicadores sugieren que la intervención, lejos de ser un paliativo, coincidió con una agudización de los problemas que buscaba resolver, impactando directamente la calidad del servicio y la viabilidad financiera de la empresa.

Los Cargos Contra Edwin Palma Vega

El exministro Edwin Palma Vega, quien fungió como agente interventor entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, enfrenta tres hechos jurídicamente relevantes en su proceso disciplinario:

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Incumplimiento en Traslado de Recursos y Reportes

Alumbrado público: Se le indaga por presuntos retrasos en el traslado de recursos de alumbrado público a varios municipios, lo que derivó en procesos penales en Santa Marta e investigaciones tributarias por más de $19.000 millones en Soledad. La Procuraduría enfatiza que «los rezagos acumulados no fueron saneados».
Reportes regulatorios: Se le acusa de incumplir con los reportes obligatorios a entidades clave como el Sistema Único de Información (SUI), XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), especialmente tras un ciberataque en septiembre de 2024. Al menos dieciséis formatos regulatorios no fueron presentados, y no se niveló el cargue mensual de información a la UPME.

Prácticas Irregulares de Facturación Heredadas

Un tercer punto contra Palma Vega se refiere a prácticas irregulares de facturación. Aunque la Procuraduría aclara que estas prácticas provenían de administraciones anteriores, señala que el exministro, «con conocimiento de estas situaciones», no adoptó «medidas correctivas oportunas». Estas prácticas incluían mantener a miles de clientes facturados por estimación sin verificación en campo y modificar la agenda de lectura para proyectar periodos de facturación extendidos.

Responsabilidad de Otros Agentes Interventores y la SSPD

La investigación se extiende a otros funcionarios que tuvieron a cargo la gestión de Air-e:

Diana María Bustamante Rueda (Marzo-Junio 2025): Enfrenta indagación por cuatro presuntas conductas omisivas, incluyendo incumplimiento regulatorio persistente, una baja ejecución del plan de inversiones (apenas 11%), deterioro del índice de pérdidas controlables y el abandono de 68 de 70 proyectos PRONE 2021.
Nelson Javier Vásquez Torres (Junio 2025-Enero 2026): Se le investiga por seis hechos relevantes, como una subejecución extrema del plan de inversiones (5,4%), un agravamiento del índice de pérdidas (IPT del 31,20%) que activa un riesgo de devolución de $467.000 millones, y la detección de presunto fraude de contratistas sin medidas correctivas integrales. También se le indaga por pasivos ambientales sin legalizar y reportes de activos inexactos.
Elmer Felipe Durán Carrón (Superintendente SSPD): La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es señalada por «el mayor número de omisiones documentadas en el seguimiento». A Durán Carrón se le investiga por la ausencia de un plan estructurado de intervención, la omisión en la provisión de recursos y en la gestión de la deuda, y la falta de suministro de información a los órganos de control.

Contexto de la Crisis Energética en el Caribe

La crisis energética en la Costa Caribe colombiana no es un fenómeno reciente. Por décadas, esta región ha padecido los embates de un servicio eléctrico deficiente, caracterizado por interrupciones constantes, altas tarifas y una infraestructura obsoleta. La complejidad de su matriz social y económica, con altos índices de pobreza y una informalidad significativa, ha exacerbado los problemas de recaudo y las pérdidas por conexiones ilegales. La intervención de Electricaribe, predecesora de Air-e, y su posterior liquidación para dar paso a dos nuevos operadores (Air-e y Afinia) en 2020, buscaba precisamente superar un ciclo de incumplimientos y deterioro. Sin embargo, la persistencia de los problemas, evidenciada por esta investigación de la Procuraduría, subraya los desafíos estructurales y la necesidad de una gestión pública eficiente y transparente para garantizar un servicio esencial que impacta directamente la calidad de vida y el desarrollo económico de millones de colombianos en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, entre otros departamentos.

Próximos Pasos en la Investigación

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 ha ordenado la práctica de pruebas de oficio, solicitando a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la remisión de documentos cruciales como hojas de vida, actos de designación y manuales de procedimiento. La asesora Lourdes Paola Redondo Barraza ha sido comisionada para registrar las actuaciones y esclarecer la ocurrencia de las posibles faltas disciplinarias en los departamentos afectados. Los sujetos procesales contarán con tres días para presentar sus argumentos en defensa. Esta investigación es un paso fundamental para determinar responsabilidades y, potencialmente, sentar precedentes sobre la gestión de servicios públicos esenciales en el país.