Procuraduría exige suspender millonario contrato energético de UPME por irregularidades

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una solicitud de carácter urgente y preventivo a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para que evalúe la suspensión inmediata de un proceso de contratación energético multimillonario, que se encontraba próximo a su adjudicación. El organismo de control advierte sobre posibles irregularidades significativas en el trámite, que podrían vulnerar los principios de publicidad, transparencia y legalidad en la contratación pública.

Alerta por opacidad en la contratación UPME STR 01 – 2026

La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública remitió una comunicación de ocho páginas a Rafael Enrique Fragozo Díaz, director de la UPME, con el objetivo de prevenir afectaciones a derechos fundamentales, al patrimonio público y al ordenamiento jurídico. La preocupación central gira en torno al proceso UPME STR 01 – 2026, cuyo objeto es la selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica 110 kV y sus líneas asociadas.

Este proyecto contempla la creación de una nueva subestación de energía de 110 kilovoltios en la zona de Lorica, Córdoba, junto con sus respectivas líneas de conexión, buscando mejorar la infraestructura eléctrica regional.

Falta de publicidad y acceso a la información

Una de las principales alertas levantadas por la Procuraduría es la presunta violación del principio de publicidad y transparencia. Según el organismo, tras una búsqueda exhaustiva en la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II, no se encontró registro alguno del proceso licitatorio. Esta omisión es grave, dado que la UPME ha publicado un considerable número de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (622 en lo que va del año 2026), lo que resalta la excepción y el riesgo inherente a la falta de publicación de un contrato de esta magnitud.

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La Procuraduría enfatizó la obligación de la UPME de publicar el proceso en SECOP II, argumentando que están involucrados recursos públicos. La ausencia de esta publicación impide el debate ciudadano, el control sobre la correcta destinación de los recursos y la vigilancia por parte de veedurías y órganos de control.

Recomendaciones y plazos perentorios de la Procuraduría

Ante este panorama, la Procuraduría ha formulado varias recomendaciones y solicitudes explícitas a la UPME:

Dar publicidad inmediata al proceso UPME STR 01-2026 en la plataforma electrónica SECOP II.
Retrotraer la actuación contractual al momento inicial del proceso una vez realizada la publicación, para subsanar cualquier vicio derivado de la vulneración de principios y del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
Otorgar una oportunidad adecuada a la ciudadanía, veedurías y órganos de control para presentar observaciones a todos los documentos generados durante el proceso de contratación.
Remitir el enlace del SECOP II donde se encuentre publicado el proceso.
Evaluar la suspensión del proceso de contratación, con el fin de revisar las posibles vulneraciones y tomar decisiones fundamentadas en la normativa vigente.
Remitir el expediente completo de la Convocatoria UPME STR 01-2026 – Lorica, incluyendo documentos de selección del inversionista, modificaciones, adendas, aclaraciones, actas de audiencia, observaciones de participantes y respuestas de la entidad.
Remitir la propuesta económica presentada por el consorcio Sigma, así como los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por la UPME.
Solicitó copias de las observaciones formuladas por el consorcio Sigma respecto a las propuestas de Enelca y Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S (Edemsa S.A.S), junto con las respuestas y análisis de la UPME.
Informar el fundamento normativo que permitió la participación de Edemsa S.A.S. como tercero y sus documentos de acreditación.
Reportar el estado actual de la evaluación de la propuesta de Edemsa S.A.S. y precisar las actuaciones programadas para el 26 de agosto de 2026, indicando su objeto y posibles decisiones.

Se ha fijado un plazo perentorio de un día hábil para la remisión de toda la información requerida, enfatizando que esto debe ocurrir antes de la adjudicación o celebración del contrato. El propósito es permitir que la Procuraduría Delegada realice un análisis oportuno y presente las observaciones necesarias para proteger el patrimonio público y el ordenamiento jurídico colombiano.

Denuncias por posible direccionamiento y detrimento patrimonial

La FM reveló que una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, interpuesta contra Edwin Palma, exministro de Minas y Energía, e Indira Cristina Portocarrero Ospina, exdirectora general de la UPME, sugiere que la convocatoria para este contrato habría sido «amarrada» durante la administración anterior. La denuncia apunta a la adjudicación a un único proponente que, presuntamente, habría accedido a información privilegiada sobre el precio máximo para el negocio.

Según el denunciante, estas presuntas irregularidades podrían generar un detrimento patrimonial que ascendería a los dos billones de pesos. La denuncia advierte que la adjudicación al Consorcio Sigma Energía, único participante actual, «podría generar situaciones que harían incurrir en faltas disciplinarias de funcionarios del Estado e igualmente un posible detrimento patrimonial billonario al Estado».

En el marco de esta denuncia, se solicita investigar delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización de información privilegiada, falsedad en documento público y fraude procesal. El consorcio Sigma Energía, según el denunciante, ha superado «artificiosamente todos los obstáculos», y la posible adjudicación el 26 de agosto de 2026 podría consolidar afectaciones al erario público.

Contexto de la infraestructura energética en Colombia

El sector energético en Colombia, especialmente en regiones como el Caribe y el suroccidente del país, enfrenta desafíos persistentes en infraestructura y confiabilidad del servicio. Proyectos como la Subestación Nueva Lorica son cruciales para mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico, impulsando el desarrollo socioeconómico local. Sin embargo, la historia de la contratación pública en Colombia está marcada por episodios de corrupción y opacidad, lo que hace que la vigilancia de los organismos de control sea indispensable. La falta de transparencia en procesos de inversión tan significativos no solo afecta la legalidad, sino que también erosiona la confianza pública y puede repercutir en la calidad y el costo final de los servicios para los ciudadanos.

La intervención de la Procuraduría en este caso subraya la necesidad de blindar los procesos de contratación que involucran sumas cuantiosas y proyectos estratégicos para el país, en un escenario donde la eficiencia y la ética en la administración de los recursos públicos son exigencias permanentes de la ciudadanía.