Procuraduría cuestiona gestión en Air-e: ¿responsabilidades por deterioro?

La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo escrutinio la administración de la empresa Air-e, la principal distribuidora de energía eléctrica en la región Caribe colombiana, tras identificar un presunto deterioro operativo a pesar de la intervención estatal. El procurador general, Gregorio Eljach, manifestó la preocupación del Ministerio Público por la gestión de los diferentes interventores que han estado al frente de la compañía desde septiembre de 2024.

Durante su participación en el Foro Energético Andeg 2026, Eljach subrayó que la función esencial de una intervención estatal es salvaguardar y mejorar la situación de una empresa, no agravarla. Esta declaración establece el marco para una posible investigación que podría derivar en la determinación de responsabilidades.

La Intervención y el Deterioro del Servicio en el Caribe

Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha sido objeto de una intervención desde septiembre de 2024 debido a una persistente crisis financiera y operativa. La medida buscaba estabilizar la compañía y garantizar un servicio eficiente para millones de usuarios. Sin embargo, las declaraciones del procurador Eljach sugieren que los objetivos de la intervención no se han cumplido satisfactoriamente, y que, por el contrario, la situación podría haberse complicado.

Eljach fue enfático al señalar que «la intervención por norma legal superior tiene por objeto salvar y no quebrar». Este principio, según el procurador, parece haberse vulnerado, pues la entidad ha observado que la empresa podría encontrarse en peores condiciones que antes de la intervención. «No hay excusa para que una intervención termine peor de lo que estaba cuando empezó y aquí ha pasado y sigue pasando», afirmó, abriendo la puerta a futuras acciones legales y disciplinarias.

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Contexto Socioeconómico de la Región Caribe y la Crisis Energética

La problemática de la energía eléctrica en la región Caribe colombiana no es un fenómeno reciente; es un mal crónico que ha afectado el desarrollo socioeconómico de la zona durante décadas. Los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, cruciales para la economía nacional por su posición estratégica y sus actividades portuarias y turísticas, han sido históricamente golpeados por la deficiencia en la infraestructura y la calidad del servicio energético. Las altas temperaturas que caracterizan a esta región incrementan exponencialmente la demanda de energía, haciendo aún más crítica la intermitencia del suministro y los constantes apagones. Esta situación no solo impacta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ahuyenta la inversión, encarece la producción de bienes y servicios y frena el crecimiento económico local. La intervención de Air-e, por tanto, se presentaba como una oportunidad para mitigar este impacto, y el presunto fracaso en su gestión agudiza la frustración y desconfianza de una población que ha clamado históricamente por un servicio digno y estable.

Posibles Responsabilidades y Actuaciones de la Procuraduría

Ante el panorama de un servicio que no mejora e incluso se deteriora, el procurador general anticipó que «allí va a haber responsabilidades». El Ministerio Público ya ha comenzado a solicitar informes a diversos ministros involucrados, quienes deberán ofrecer explicaciones sobre las decisiones y omisiones relacionadas con la supervisión de Air-e.

Desde el inicio de la intervención, Air-e ha tenido una sucesión de agentes al frente de su administración. La lista incluye a:

Carlos Diago
Edwin Palma
Diana Bustamante
Nelson Javier Vásquez Torres
Tania Peñaranda
Jaime Humberto Mesa Buitrago (quien asumió en propiedad en mayo de 2026)

Eljach enfatizó que cualquier proceso investigativo garantizará las debidas garantías constitucionales a los posibles implicados, incluyendo el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Sin embargo, la intención de la Procuraduría es clara: determinar por qué la intervención no ha logrado su cometido y si hubo negligencia o irregularidades en la gestión.

Investigaciones Paralelas de la Fiscalía

La preocupación de la Procuraduría no es un caso aislado. La Fiscalía General de la Nación también ha avanzado en sus propias investigaciones sobre la administración de Air-e. Fuentes cercanas a la Fiscalía indican que ya se tiene preparada una imputación contra dos exinterventores de la compañía. Estas acciones judiciales se suman a otros procesos en curso, lo que revela la complejidad y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre la gestión de la empresa intervenida.

Adicionalmente, la intervención de Air-e ha sido mencionada en el «Libro de la Verdad» como uno de los casos de corrupción bajo escrutinio, lo que añade una capa de seriedad a las averiguaciones. El exministro Edwin Palma, uno de los interventores señalados, ya ha respondido públicamente a estas menciones, lo que anticipa un debate más profundo sobre las responsabilidades individuales y colectivas.

La Procuraduría también mantiene activas otras actuaciones relacionadas con la situación energética en el Caribe, algunas de ellas con enfoque ambiental y otras de carácter preventivo, lo que subraya la amplitud del control que el ente de control ejerce sobre este sector vital para el desarrollo nacional.