Prisión para disidentes de FARC por ataque a emisora en Pasto

Un juez de control de garantías ha dictaminado medida de aseguramiento intramural para cuatro individuos, presuntamente vinculados a la estructura Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC. Los implicados, Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, enfrentan cargos por su presunta participación en la planificación y ejecución de un atentado terrorista contra una emisora de radio en Pasto, Nariño.

La investigación de la Fiscalía

Según la Fiscalía, los cuatro procesados habrían integrado esta organización armada ilegal desde el año 2025. La estructura Franco Benavides, con injerencia en Nariño y el Valle del Cauca, se dedica supuestamente a actividades ilícitas como el narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y la perpetración de atentados terroristas. La vinculación de estos individuos a la disidencia sugiere un patrón de acciones violentas destinadas a sembrar el terror y consolidar su control territorial.

Detalles del atentado en Pasto

El principal hecho investigado es el atentado con explosivos ocurrido el 25 de noviembre de 2025 contra la sede de una emisora radial en el centro de Pasto. Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que Pablo Andrés Mosquera Ramírez y Jenny Marilín Cepeda Cortés habrían tenido un rol central en la coordinación del ataque.

Ambos habrían asistido a reuniones donde se planificó la acción terrorista.
Posteriormente, coordinaron la entrega del artefacto explosivo utilizado en el atentado contra la estación radial.

Por otro lado, Júnior José Redín Segura y Julián Esteban Burbano Burbano, presuntamente, cumplían funciones permanentes dentro de la estructura criminal, abarcando labores de inteligencia, coordinación y planeación de ataques con explosivos. Este esquema de roles sugiere una organización interna y una división de tareas para llevar a cabo sus objetivos.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Imputación de cargos y decisión judicial

Basándose en los elementos de prueba, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, así como terrorismo. Durante las audiencias preliminares, ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

A pesar de la negativa de los implicados, el juez de control de garantías consideró los argumentos presentados por el ente acusador y ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Esta decisión se mantendrá mientras avanza el proceso penal por su presunta participación en la estructura armada ilegal y en el atentado perpetrado contra la emisora radial de Pasto.

Contexto del conflicto en Nariño y el suroccidente colombiano

El departamento de Nariño, al igual que otras regiones del suroccidente colombiano como el Valle del Cauca y el Cauca, ha sido históricamente un epicentro de confrontación armada. La presencia de disidencias de las FARC, herederas de antiguos frentes guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, se suma a la de otros grupos armados ilegales como el ELN y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Esta compleja dinámica se ve alimentada por varios factores:

Geografía estratégica: La cercanía a la frontera con Ecuador y el acceso al Océano Pacífico facilitan el tráfico de drogas y armas.
Cultivos ilícitos: La región concentra una vasta extensión de cultivos de coca, lo que genera una economía ilegal que financia a estos grupos.
Debilidad institucional: La limitada presencia estatal en zonas rurales remotas permite que los actores armados impongan su ley y ejerzan control social y territorial.
Disputas territoriales: La lucha por el control de corredores de movilidad y rutas de narcotráfico entre los diferentes grupos armados es una constante, resultando en violencia contra la población civil y la infraestructura.

El atentado contra la emisora en Pasto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en esta lógica de violencia. Los ataques a medios de comunicación o infraestructuras civiles suelen ser tácticas para intimidar a la población, presionar a las autoridades y demostrar capacidad operativa, afectando directamente la libertad de prensa y la estabilidad de la región. La judicialización de estos presuntos disidentes representa un esfuerzo por contrarrestar la escalada de violencia y restablecer la autoridad estatal en una de las zonas más golpeadas por el conflicto interno colombiano.