La Alcaldía de Popayán, capital del departamento del Cauca, ha reactivado una recompensa de ochenta millones de pesos ($80.000.000) por información que permita identificar y capturar a los responsables de una serie de ataques contra la empresa Urbaser, encargada de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad. Estos hechos de violencia han comprometido gravemente la operatividad de la empresa y la salubridad de los habitantes.

Ola de ataques contra la infraestructura de aseo

Desde abril del presente año, Urbaser ha sido blanco de al menos cuatro incidentes violentos, que incluyen la incineración de vehículos recolectores y ataques con armas de fuego y explosivos. La recurrencia de estos actos ha generado preocupación entre las autoridades y la población.

Cronología de la violencia

  • Abril-Mayo: Dos vehículos recolectores de basura fueron incinerados por hombres armados en la vereda La Yunga, un área cercana al relleno sanitario municipal.
  • Mayo: Otro camión de la empresa fue atacado con arma de fuego, sin que se reportaran heridos.
  • Reciente: El último incidente involucró el lanzamiento de artefactos explosivos contra las instalaciones de Urbaser, ubicadas en el kilómetro dos de la vía Popayán – Timbío. Afortunadamente, este ataque no dejó víctimas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales en la infraestructura.

Estos hechos han impedido que Urbaser desarrolle plenamente sus operaciones, afectando directamente la recolección de residuos y, por ende, la higiene urbana y la calidad de vida de los ciudadanos de Popayán.

Coordinación interinstitucional y la implicación del ELN

Reinel Polanía, secretario de Gobierno de Popayán, confirmó la reactivación de la recompensa tras un consejo de seguridad que reunió a autoridades militares, policiales y administrativas. “La administración municipal ha confirmado la reactivación de la recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento y la captura de los responsables de este hecho”, señaló el funcionario, destacando el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones.

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En su momento, y de acuerdo con declaraciones previas de las autoridades, se señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto responsable de estas acciones violentas contra la empresa de aseo. La atribución de estos actos a grupos armados organizados subraya la complejidad del conflicto y la seguridad en la región.

Impacto en la comunidad y violación al DIH

Urbaser ha subrayado que los ataques a la infraestructura vital para la prestación del servicio público de aseo no solo representan un daño material, sino que también constituyen una “grave vulneración a los principios del Derecho Internacional Humanitario”. La empresa argumenta que la afectación de un servicio esencial compromete directamente la salud pública, la seguridad ambiental y las condiciones básicas de saneamiento para la población popayaneja.

La interrupción del servicio de aseo puede desencadenar problemas sanitarios, como la proliferación de plagas y enfermedades, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad y generando un riesgo ambiental significativo para toda la ciudad.

Contexto del conflicto en el Cauca

El departamento del Cauca, y específicamente su capital Popayán, ha sido históricamente un epicentro de tensiones y conflictos armados debido a su ubicación estratégica y la presencia de diversos grupos armados ilegales. La región es un corredor clave para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que intensifica la disputa territorial y la injerencia de estos actores en la vida civil.

La presencia de disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos criminales complejiza el panorama de seguridad. En este contexto, los ataques a infraestructuras de servicios públicos no son un hecho aislado, sino que a menudo forman parte de estrategias de presión, retaliación o control territorial por parte de estos grupos, afectando directamente a la población civil y minando la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y servicios básicos.

La reactivación de la recompensa busca generar un canal de información que permita romper el cerco de intimidación y llevar a los responsables ante la justicia, salvaguardando así la prestación de un servicio esencial para la habitabilidad y el desarrollo de Popayán.

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