Una fuerte controversia se desató en el Congreso de la República tras conocerse el contenido del artículo 19 dentro del proyecto de Ley de Sometimiento promovido por la administración del presidente Abelardo De la Espriella. La iniciativa legal, radicada en la Cámara de Representantes por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino, pretende reformar la Ley 1421 de 2010.
Dicha modificación facultaría a la cartera del Interior para gestionar adquisiciones directas y de carácter reservado utilizando los dineros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). El articulado estipula que tales operaciones se ampararían en causales de seguridad, permitiendo prescindir de la pluralidad de ofertas y de la divulgación pública de los expedientes contractuales, rigiéndose por el Decreto 1082 de 2015 a precios del mercado.
Cuestionamientos sobre transparencia y vigilancia fiscal
Legisladores de diversas bancadas expresaron reparos frente al impacto que estas facultades tendrían sobre la rendición de cuentas y la fiscalización del erario. La representante a la Cámara Ana Erazo reclamó explicaciones directas al ministro Lara, señalando la inconsistencia de tramitar excepciones de compras reservadas —habituales en el sector Defensa— dentro de una normativa concebida para procesar a estructuras criminales.
Erazo manifestó públicamente sus dudas respecto a la naturaleza de los suministros previstos y los territorios internacionales de origen de dichos bienes:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →“¿Qué tiene que ver una ley de convivencia con que a usted le entreguen facultades para contratar elementos de seguridad con recursos del FONSECON, bajo reserva, sin pasar por un proceso de contratación pública y sin que se pueda hacer seguimiento y control?”, cuestionó Erazo.
En un sentido similar, el senador Ariel Ávila catalogó el mecanismo directo y carente de publicidad como uno de los aspectos más críticos de la propuesta gubernamental, alertando sobre la ausencia de herramientas efectivas para inspeccionar los recursos estatales.
Modificaciones en la ponencia para primer debate
Frente al texto inicial del Ejecutivo, el informe de ponencia elaborado para la discusión parlamentaria introdujo variaciones sustanciales con el propósito de acotar las atribuciones ministeriales:
- Se limitó la ejecución de compras reservadas con cargo al FONSECON de forma exclusiva a iniciativas destinadas a la Fuerza Pública.
- Se incorporó la exigencia obligatoria de acatar los lineamientos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Alcance del proyecto frente al crimen organizado
La propuesta normativa general, sustentada por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, cataloga a las bandas criminales como “actores ilegales armados o terroristas”. El documento cita estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz de agosto de 2026, señalando la presencia de alrededor de 172 estructuras armadas en el territorio nacional.
Entre estas organizaciones sobresalen el Clan del Golfo, con 10.602 integrantes, y la guerrilla del ELN, con 7.123 miembros. Asimismo, la iniciativa proyecta mecanismos como cárceles productivas, centros de arraigo transitorios y beneficios para quienes aporten datos sobre redes de corrupción o colaboren en el desminado y la erradicación manual de cultivos ilícitos.
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