Plazas Vega absuelto en EE. UU. por caso Urán del Palacio de Justicia

Miami, Estados Unidos – El coronel (r) del Ejército Nacional colombiano Luis Alfonso Plazas Vega ha sido absuelto en un juicio civil federal en Miami, Estados Unidos, que lo señalaba por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La decisión del tribunal estadounidense, emitida tras tres horas de deliberación unánime del jurado, representa la segunda vez que Plazas Vega es exonerado judicialmente en relación con los eventos ocurridos en el emblemático edificio.

En declaraciones a Caracol Radio tras conocerse la sentencia, Plazas Vega expresó su satisfacción por la resolución y agradeció al jurado. El exmilitar enfatizó que la actuación del Ejército durante la operación de rescate «le dio la libertad, quitándole de las garras de los terroristas a 263 personas» y que «no hay claridad sobre ninguna persona inocente que haya sido muerta por miembros del Ejército Nacional».

El Caso Carlos Horacio Urán: Un Punto de Contención

La muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán ha sido uno de los episodios más controvertidos y dolorosos derivados de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Su cuerpo fue hallado días después de los eventos, en medio de las ruinas del edificio, a pesar de que videos de la época lo mostraban saliendo con vida del recinto, escoltado por personal militar.

Plazas Vega ha sostenido consistentemente que la responsabilidad de la muerte de Urán recae en el M-19, grupo guerrillero que perpetró la toma. «Es una tragedia terrible para su esposa, para sus hijas, pero resulta que orientaron la información mal echándole la culpa al Ejército, y en particular a mí, cuando hay una sentencia judicial en Colombia que condenó al M-19 por ese asesinato», afirmó el coronel (r).

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Evidencias y Contradicciones en la Investigación

El proceso civil en Estados Unidos, impulsado por las hijas del magistrado Urán, se fundamentaba en acusaciones de tortura y asesinato. A lo largo de la investigación, se presentaron diversas pruebas que alimentaron la controversia:

Un video que mostraba al magistrado Urán saliendo del Palacio de Justicia, herido pero vivo, bajo custodia militar.
El hallazgo de la billetera de Urán, perforada por un disparo, en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército.
La existencia de una lista, presuntamente firmada por el coronel Plazas Vega, donde se mencionaba a funcionarios de las altas cortes, incluyendo a Urán, como «guerrilleros dados de baja en combate».

Sin embargo, el jurado federal de Miami no encontró pruebas suficientes para culpar a Plazas Vega de estos cargos, decantándose por la absolución unánime en los siete puntos de la acusación.

Contexto del Palacio de Justicia: Una Herida Abierta en la Nación

La toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la posterior retoma militar los días 6 y 7 de noviembre de 1985, es un evento que marcó profundamente la historia de Colombia. No solo por la pérdida de vidas – entre magistrados, civiles, militares y guerrilleros – sino por las profundas implicaciones sobre la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la justicia. El episodio se inscribe en un periodo de intensa violencia política en el país, caracterizado por la confrontación entre el Estado y diversos grupos guerrilleros, así como por la emergencia del narcotráfico.

A casi cuatro décadas de los hechos, las heridas persisten y la búsqueda de la verdad completa ha sido un proceso largo y fragmentado. El caso de Carlos Horacio Urán es paradigmático de las complejidades y las múltiples versiones que rodean la tragedia, donde las responsabilidades han sido disputadas entre el accionar guerrillero, la respuesta estatal y las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el fragor del combate.

Un Recorrido Judicial Complejo

La situación judicial de Plazas Vega ha sido un laberinto. En Colombia, el coronel (r) fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión por la desaparición de once personas durante la retoma. Sin embargo, en 2015, la Corte Suprema de Justicia revocó esa sentencia y lo absolvió, argumentando la falta de pruebas contundentes que lo vincularan directamente con las desapariciones. Tras permanecer detenido por más de ocho años, Plazas Vega se radicó en Florida, Estados Unidos.

Fue allí donde el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) interpuso una demanda civil en 2007, bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos. Esta legislación federal permite a víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales demandar a los presuntos perpetradores en tribunales estadounidenses, sin importar dónde ocurrieron los crímenes. Este proceso es el que ahora ha concluido con la absolución de Plazas Vega.

Al cierre de sus declaraciones, Plazas Vega manifestó que su situación judicial, tanto en Colombia como en Estados Unidos, queda «totalmente resuelta». «Soy un ciudadano común y corriente, inocente de los cargos que me hicieron durante muchos años. He tenido que soportar una persecución de decenas de años. Esto ha sido supremamente duro, pero no nos hemos dejado agotar», concluyó.