La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, ha respondido públicamente tras la mención de su nombre en 85 ocasiones dentro de la sentencia del Consejo de Estado. Esta decisión declaró la «muerte política» del expresidente del Senado, Iván Name.
Pizarro, en declaraciones al periódico El Tiempo, afirmó que las múltiples referencias a su nombre en el fallo no constituyen acusaciones directas en su contra. «Ni remotamente se puede sostener que haya ‘señalamientos’. Eso lo dicen ustedes, no la justicia», declaró la exparlamentaria.
Justificación de su rol en el Senado
La exsenadora justificó su actuación durante las sesiones que presidió, especialmente en lo concerniente a la aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro. Explicó que su función como primera vicepresidenta de la cámara legislativa consistía en suplir al presidente del Senado ante su ausencia en las plenarias.
«El papel de la primera vicepresidencia es suplir al presidente cuando no está presente. Ese es un mandato legal y para el que fui elegida», precisó Pizarro al medio citado. Añadió que durante el periodo legislativo entre 2023 y 2024, contribuyó activamente en las discusiones parlamentarias.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Críticas al trámite de la reforma pensional
La política del Pacto Histórico también abordó las dificultades en el trámite de la reforma pensional. Según su perspectiva, la ausencia de Iván Name afectó la consecución del quórum necesario para asegurar los votos, lo que a su juicio generó dilaciones.
Pizarro también dirigió críticas hacia la entonces oposición, conformada por partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical. Acusó a estas bancadas de emplear «todo tipo de maniobras para impedir o retrasar el debate de la reforma pensional», acciones que, según ella, eran celebradas en redes sociales. Sin embargo, enfatizó que cada congresista opositor tuvo las garantías para realizar sus intervenciones durante el debate.
Detalles del fallo contra Iván Name
El Consejo de Estado dictaminó la «muerte política» de Iván Name basándose en pruebas que indicarían que el exsenador habría recibido 3.000 millones de pesos provenientes de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este dinero, presuntamente, fue entregado por la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz.
El fallo administrativo destaca que el exsenador de la Alianza Verde se ausentó de 14 de las 16 sesiones plenarias dedicadas a la discusión de la reforma pensional. Además, el Consejo de Estado concluyó que Name no proporcionó ninguna justificación constitucional o legal para sus ausencias, ni acreditó vacancias o imposibilidades materiales que le impidieran cumplir con sus funciones en la Presidencia del Senado.
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