Bogotá, Colombia – La propuesta gubernamental de liquidar Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no demuestren viabilidad ha desatado una alerta por parte del expresidente Gustavo Petro. Su preocupación central radica en el posible impago de cuantiosas deudas que estas entidades mantienen con el sector hospitalario, clínico y sus trabajadores, en un contexto ya complejo para el sistema de salud colombiano.
La advertencia de Petro surge en respuesta a las declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien ha delineado una estrategia para abordar la crisis financiera del sistema de salud: permitir la continuidad de las EPS recuperables y liquidar aquellas que no cumplan con los criterios de sostenibilidad. Esta medida busca reestructurar el sector, pero, según el expresidente, podría generar un efecto colateral significativo en las finanzas de los prestadores de servicios de salud.
Deudas billonarias en el epicentro del debate
El núcleo de la objeción de Petro se centra en la magnitud de las obligaciones pendientes. Estima que una liquidación masiva de EPS inviables podría dejar sin cubrir deudas que oscilan entre los $20 y $30 billones, afectando directamente a hospitales, clínicas y personal médico que ya han prestado sus servicios y esperan su remuneración. Esta situación, según su análisis, no solventa el problema de fondo, sino que lo traslada, creando un «nuevo hueco» financiero para los actores del sistema.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha respaldado la magnitud de estas cifras. Un estudio reciente de la entidad estimó la deuda total del sistema de salud con sus miembros en $25,7 billones. De este monto, un alarmante 60% corresponde a cartera vencida, lo que evidencia la precariedad financiera que enfrentan muchos prestadores de servicios.
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Ante este panorama, Petro ha planteado una alternativa radical que busca garantizar el pago de estas deudas. En febrero de este año, presentó un proyecto que propone que los propietarios de las EPS asuman la responsabilidad patrimonial por las obligaciones que sus entidades tienen con hospitales, clínicas y proveedores. El objetivo es claro: evitar que estas deudas se conviertan en una carga para la Nación y, en cambio, asegurar que los responsables directos respondan con su propio capital. Esta iniciativa busca un mecanismo judicial que permita determinar y cobrar estas obligaciones, poniendo fin a la histórica práctica de que las pérdidas recaigan en el Estado o en los prestadores de servicios.
Contexto socioeconómico de la crisis en Colombia
La discusión sobre la liquidación de las EPS y sus deudas no es un hecho aislado en Colombia; se inscribe en un complejo escenario de reformas estructurales y desafíos económicos. El sistema de salud, pilar fundamental del bienestar social, ha sido objeto de debate constante debido a su sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y la equidad en el acceso. Históricamente, la tensión entre el modelo de aseguramiento y la provisión de servicios ha generado fricciones, donde las EPS, como intermediarias, a menudo han sido señaladas por una gestión deficiente o por la acumulación de pasivos.
La situación actual se agrava por el impacto de factores macroeconómicos, la inflación y la necesidad de una inversión social más robusta. El gobierno de turno ha manifestado su intención de transformar el modelo de salud, buscando una mayor participación estatal y una redefinición del rol de los privados. Sin embargo, cualquier cambio profundo conlleva riesgos y complejidades, especialmente cuando se trata de la estabilidad financiera de miles de instituciones y la garantía de servicios para millones de ciudadanos. La eventual liquidación de EPS en regiones vulnerables, por ejemplo, podría desestabilizar aún más la oferta de salud, afectando la ya precaria situación de comunidades donde el acceso a servicios médicos es limitado.
Implicaciones futuras y desafíos
La materialización de la propuesta de liquidación de EPS que no sean viables, combinada con la advertencia de Petro sobre las deudas, configura un desafío significativo para el gobierno. La balanza debe inclinarse hacia la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos, sin desestabilizar la red de prestadores ni dejar a la deriva a quienes han provisto servicios. La implementación de la propuesta de responsabilidad patrimonial, si llegara a prosperar, sentaría un precedente importante en la gestión y rendición de cuentas dentro del sistema de salud.
La discusión sobre el futuro de las EPS y el manejo de sus obligaciones es un reflejo de la necesidad urgente de una reforma integral y sostenible que garantice tanto la viabilidad financiera del sistema como la calidad y accesibilidad de la atención médica para todos los colombianos.
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