Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y señalado por la Fiscalía como el presunto líder de una vasta red de contrabando, ha presentado una demanda contra el Estado colombiano. La acción judicial busca una indemnización de 700 millones de pesos, argumentando afectaciones emocionales y psicológicas para él y su núcleo familiar, presuntamente causadas por irregularidades en la orden de captura internacional en su contra.

Detalles de la Demanda y Entidades Involucradas

La demanda, a la que Crónica Digital tuvo acceso, señala directamente a la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Marín Buitrago solicita una reparación por «angustia, zozobra, ansiedad, depresión e incertidumbre» que, según él y su abogado, William Mejía, han padecido debido al proceso judicial que lo llevó a ser requerido en extradición y que lo expone a una pena de hasta 27 años de cárcel por delitos como concierto para delinquir y cohecho.

La pretensión económica se desglosa de la siguiente manera:

  • 100 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para Marín Buitrago por perjuicios morales derivados de «angustia, dolor y sufrimiento».
  • Otros 100 SMLV para él por la supuesta violación de su derecho al debido proceso.
  • 50 SMLV para su esposa, Liset Samboní, y 50 SMLV para cada uno de sus tres hijos, por las afectaciones psicológicas que también habrían sufrido.

La Captura Internacional: Origen de la Controversia

El punto central de la demanda radica en la activación de la orden de captura. Marín Buitrago fue capturado inicialmente en España el 5 de abril de 2024. Tras ser puesto en libertad provisional en ese país en junio de 2025 y posteriormente fugarse, fue recapturado en Portugal el 3 de diciembre de 2024. Su abogado argumenta que una misma orden judicial no debió ser utilizada dos veces y que la decisión de libertad provisional en España debió anular la vigencia de la orden colombiana. Sin embargo, la orden colombiana no perdió vigencia.

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Según el Artículo 512 del Código de Procedimiento Penal colombiano, la defensa sostiene que la orden de captura solo podía dictarse una vez que existiera una resolución sobre su situación jurídica (medida de aseguramiento, acusación en firme o sentencia), dado que Marín es ciudadano español y se encontraba en dicho país. ‘Papá Pitufo’ fue imputado en contumacia (reo ausente) en enero de 2025 y su acusación formal se produjo en noviembre del mismo año, después de sus capturas internacionales.

Conciliación Fallida y Argumentos de la Rama Judicial

Previo a la presentación de la demanda formal, Diego Marín Buitrago intentó una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación con las entidades demandadas. Esta diligencia, que tuvo lugar el 20 de mayo de 2026, fracasó. La Rama Judicial, a través de su apoderado, refutó los argumentos de ‘Papá Pitufo’, indicando que la tesis de que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas implicaba la pérdida de vigencia de la orden de captura colombiana «no se ajusta al marco normativo aplicable». Además, aclaró que la legislación española permite la libertad provisional para ciudadanos requeridos en extradición sin que ello impida la continuación del procedimiento.

Tras la conciliación fallida, será un juzgado administrativo de Bogotá el que determine si la demanda es admitida para su estudio.

Contexto del Contrabando y la Percepción Ciudadana en Colombia

Este caso se inscribe en un escenario complejo para Colombia, donde el contrabando ha sido históricamente una fuente de corrupción y desestabilización económica. Figuras como ‘Papá Pitufo’, a quienes la Fiscalía atribuye un considerable poder corruptor, suelen generar una fuerte reacción en la opinión pública. La paradoja de un presunto «zar del contrabando» demandando al Estado por afectaciones psicológicas, mientras se le acusa de haber socavado las instituciones a través de sobornos a funcionarios y de haber intentado «infiltrar» campañas políticas, resalta las tensiones entre el debido proceso y la percepción de justicia social.

El país enfrenta desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Casos como este, donde se entrecruzan procesos judiciales de alto perfil con reclamos de derechos individuales, ponen a prueba la solidez de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema judicial. La solicitud de indemnización, además, contrasta con los reportes patrimoniales de Marín, que, aunque significativos (3.869 millones de pesos en 2025), han sido objeto de análisis público, especialmente porque el demandante justifica sus recursos como pensionado y rentista de capital.

Otros Procesos Judiciales y Financieros

Paralelamente a esta demanda, ‘Papá Pitufo’ ha impulsado otras acciones legales. Recientemente, una jueza de Bogotá le concedió una tutela que ordenó al Banco BBVA realizar las gestiones necesarias para que pueda abrir una cuenta en Portugal. El objetivo es que Marín Buitrago reciba en Europa las mesadas de su pensión de vejez, reconocidas por Colpensiones, las cuales ascienden a aproximadamente 13.9 millones de pesos mensuales desde agosto de 2024.

Actualmente, Marín Buitrago permanece en Portugal, a la espera de la definición sobre la admisión de su demanda contra el Estado y la eventual decisión sobre su extradición a Colombia, donde se enfrenta a un juicio que, según algunas advertencias, presenta riesgo de impunidad por prescripción.

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