Paloma Valencia y el decreto de tierras: ¿Riesgo para la propiedad privada?

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia ha encendido el debate público al cuestionar el Decreto 0765 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional. Según Valencia, esta normativa, parte de la política de reforma agraria del presidente Gustavo Petro, podría socavar las garantías de la propiedad privada y ampliar desproporcionadamente las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la administración de predios rurales.

A través de sus plataformas digitales, la dirigente del Centro Democrático expresó su preocupación, calificando el decreto como un riesgo latente para los propietarios de tierras. Anunció además que impulsará diversas acciones para promover su revisión. Valencia sostiene que el Gobierno estaría implementando nuevas competencias administrativas que, a su juicio, generarían una marcada inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra en el país.

El Decreto 0765 de 2026: Una Pieza Clave en la Reforma Agraria

El Decreto 0765 de 2026 se inscribe en el marco de la ambiciosa reforma agraria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Su propósito principal es fortalecer los mecanismos para la administración, recuperación y adjudicación de tierras, poniendo especial énfasis en los baldíos de la Nación y en aquellos predios que presentan conflictos sobre su titularidad. La norma busca, entre otras cosas, agilizar los procesos administrativos para recuperar tierras públicas ocupadas irregularmente y avanzar en la implementación de los compromisos de acceso a la tierra establecidos en el Acuerdo de Paz.

La Defensa del Gobierno: Fortalecer sin Expropiar

Desde el Ejecutivo, la postura es categórica: el decreto no pretende desconocer ni eliminar la propiedad privada. El Gobierno Nacional ha manifestado que la normativa se limita a reglamentar instrumentos ya previstos en la legislación agraria vigente. Su objetivo, afirman, es reforzar las herramientas institucionales de la Agencia Nacional de Tierras para que pueda ejercer de manera más eficiente las funciones que ya le corresponden por ley.

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Funcionarios gubernamentales han reiterado que las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada se mantienen inalterables. En este sentido, el decreto no introduce modificaciones a dichas garantías, sino que busca optimizar la gestión y el acceso a la tierra, combatiendo la concentración y promoviendo una distribución más equitativa, sin recurrir a expropiaciones fuera del marco legal y constitucional.

Contexto Socioeconómico: La Tierra como Eje del Conflicto en Colombia

El debate sobre la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia, particularmente en regiones como el suroccidente del país, Caldas, Tolima y los Santanderes, es un tema de profunda resonancia histórica y socioeconómica. La inequitativa distribución de la tierra ha sido un factor recurrente en el origen y la prolongación del conflicto armado interno. Grandes extensiones de terreno, muchas veces baldíos o dedicadas a usos no productivos, contrastan con la escasez de tierras para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, lo que genera tensiones y desplazamientos.

La región del Valle del Cauca, por ejemplo, es un mosaico de latifundios dedicados a la agroindustria y pequeñas parcelas campesinas, donde la presión por la tierra es constante. En departamentos como Cauca, la disputa por territorios ancestrales y la presencia de cultivos ilícitos complican aún más el panorama. Cualquier norma que intervenga en la estructura de la propiedad rural tiene un impacto directo en estas dinámicas, generando expectativas y temores en diversos sectores de la sociedad, que van desde los grandes propietarios hasta las comunidades rurales más vulnerables.

Un Debate Político y Jurídico Abierto

Las críticas de Paloma Valencia no son un incidente aislado, sino que se suman a una serie de cuestionamientos de sectores de oposición a las políticas de tierras del Gobierno Petro desde su inicio. Argumentan que algunas de estas medidas podrían sembrar incertidumbre jurídica sobre la propiedad rural y desincentivar la inversión en el campo. La preocupación radica en la percepción de que las facultades ampliadas de la ANT podrían interpretarse como una puerta a intervenciones estatales más agresivas en la propiedad privada.

Hasta la fecha, es importante señalar que no existe ninguna decisión judicial que haya declarado la inconstitucionalidad del Decreto 0765 de 2026. Tampoco hay pronunciamientos que concluyan que la normativa autorice expropiaciones por fuera de los procedimientos ya establecidos en la Constitución y la ley. Por tanto, la controversia se traslada ahora al ámbito jurídico y político, donde tanto el Gobierno como sus opositores presentarán sus argumentos y buscarán validar sus interpretaciones sobre el alcance y la legalidad de esta nueva reglamentación.

El Decreto 0765 de 2026 busca fortalecer la administración de tierras.
Paloma Valencia advierte sobre riesgos para la propiedad privada.
El Gobierno defiende la norma como herramienta para la reforma agraria.
No hay decisiones judiciales que declaren inconstitucional el decreto.
El debate continúa en el escenario político y jurídico colombiano.