Los congresistas del Pacto Histórico hicieron un llamado a la ciudadanía para marchar el próximo 24 de noviembre en rechazo al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, tasado en $634,95 billones de pesos. La bancada opositora denunció que el Gobierno y sus aliados legislativos buscan aprobar estas partidas de manera apresurada, eludiendo debates profundos sobre dineros que quedarían exentos de vigilancia política y aplicando ajustes que castigan el gasto social.
Incremento del gasto y concentración en deuda pública
Frente a los 546,9 billones de pesos fijados para la vigencia de 2026, el Congreso autorizó un alza de 88,05 billones para el ejercicio de 2027, alcanzando la cifra total de 634,95 billones de pesos. No obstante, los legisladores advirtieron que gran parte de estos dineros engrosarán las obligaciones financieras y los fondos del Ministerio de Hacienda en lugar de fortalecer planes gubernamentales.
De acuerdo con el informe de la bancada, el cumplimiento del servicio de la deuda sufrirá una variación del 46 %, escalando de $100.4 billones en 2026 a $147.1 billones en 2027. Esta cifra implica que casi la cuarta parte de los recursos globales del Estado terminarán dirigidos a este compromiso. Asimismo, de los $59 billones adicionales contemplados, 29 billones se reservan para deuda y $16.6 billones se destinan a la cartera de Hacienda, absorbiendo casi ocho de cada diez pesos recién incorporados. A esto se suman $3.9 billones asignados a un fondo carente de proyectos concretos y otros $2.15 billones para el funcionamiento interno de dicho ministerio, renglón que experimenta un alza del 37 %.
Tras la aprobación del monto general, Abelardo de la Espriella remitió una declaración de agradecimiento a los congresistas calificando la votación como un «momento decisivo». Paralelamente, la oposición alertó sobre un par de artículos que concederían facultades al Ministerio de Hacienda para redirigir mediante decreto remanentes institucionales hacia el Fondo Milagro, hecho que permitiría una disminución presupuestal extra sin la intervención del legislativo.
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El balance expuesto por el Pacto Histórico evidencia disminuciones drásticas en múltiples entidades y programas públicos:
- Justicia transicional: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sufrirá una merma de $170.000 millones de pesos, al desplomarse sus recursos de inversión en un 82 %, bajando de $189.521 millones a $34.119 millones.
- Formación y educación: El SENA experimentaría una supresión de $500.000 millones orientados a sus sedes instructivas, mientras que el Ministerio de Educación registrará una resta neta de $310.000 millones, desconociéndose aún sus efectos en la política de gratuidad.
- Sector cultural: Las partidas asignadas se contraerían un 29,5 %, decreciendo de $1.001.388 millones recibidos en 2026 a 706.196 millones para 2027.
- Regiones afectadas por el conflicto: Catorce departamentos registrarán caídas efectivas en inversión, de los cuales nueve corresponden a zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Finalmente, los parlamentarios sostuvieron que la inversión global pasa de abarcar el 16.1 % a representar el 14.9 % de todo el presupuesto. Al excluir los subsidios de energía y las partidas de Hacienda, dicha inversión registra un deterioro real del 6 % en comparación con 2026, argumento central que motivó la convocatoria a la protesta en las calles.
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