Nulidad judicial revierte orden de retractación a Fico Gutiérrez

Medellín, Colombia – La pugna legal en torno a la cancelación de un evento sobre el M-19 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín ha tomado un nuevo rumbo. El Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín declaró la nulidad de todo el proceso de tutela que previamente había ordenado al alcalde Federico Gutiérrez retractarse públicamente. Esta decisión implica que, por el momento, la obligación de retractación que pesaba sobre el mandatario ha quedado sin efecto.

La resolución judicial de segunda instancia, emitida el 18 de junio de 2026, se fundamenta en la omisión de vincular a partes interesadas directamente en el litigio durante la primera fase del proceso. Este punto ha sido clave para que el juzgado ordenara el reinicio del trámite, buscando garantizar el debido proceso y la participación de todos los actores relevantes.

Origen de una polémica con raíces históricas

La controversia se originó el 21 de abril de 2026, cuando estaba programado en la Biblioteca Pública Piloto el lanzamiento del libro “M-19: de la guerra a la política”. La obra, de interés histórico y sociopolítico, aborda la trayectoria de la antigua guerrilla y su posterior transición a la vida civil y política. Ese mismo día, el alcalde Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, anunció la cancelación del evento y ordenó impedir su realización en las instalaciones de la biblioteca, declarando que en Medellín “nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.

Esta declaración pública y la consecuente suspensión del evento generaron de inmediato un debate sobre los límites de la libertad de expresión, el acceso a la cultura y la autonomía administrativa de las instituciones públicas.

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La primera sentencia y sus argumentos

Inicialmente, el Juzgado 47 Penal de Medellín, tras una acción de tutela presentada por el ciudadano Santiago Alarcón Serna, falló en contra de la Alcaldía de Medellín. El accionante argumentó que la cancelación constituía un acto de censura y vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la cultura.

La jueza Victoria Elena Buelvas Álvarez, a cargo de la primera instancia, concluyó que la Alcaldía y la Biblioteca Pública Piloto incurrieron en un abuso de poder. La sentencia original indicaba:

La cancelación fue ordenada directamente por el mandatario a través de sus redes sociales.
La conducta configuró un acto de censura al usar la posición de poder para impedir el desarrollo de un evento de interés público.
Se rechazaron los argumentos de la Alcaldía de Medellín, que sostenía la no vulneración de derechos o que el evento finalmente pudo realizarse. Para el despacho, la afectación ya se había consumado.

Como resultado de este primer fallo, se le ordenó al alcalde Gutiérrez retractarse públicamente por la decisión de suspender el evento.

Contexto en Colombia: entre la memoria y la polarización

Este episodio no puede desvincularse del complejo contexto histórico y político de Colombia, especialmente en lo que respecta a la memoria del conflicto armado y la polarización ideológica. La discusión sobre el M-19, una guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 1990 y se transformó en movimiento político, sigue siendo un tema sensible. La figura de este grupo es interpretada de diversas maneras: para algunos, representa un ejemplo de transición exitosa de las armas a la política, mientras que para otros simboliza el terrorismo y la violencia. Medellín, como ciudad que ha sufrido intensamente los embates del conflicto y el crimen organizado, a menudo se encuentra en el epicentro de estos debates. La administración actual de Medellín, bajo el liderazgo de Federico Gutiérrez, ha mantenido una postura firme contra cualquier manifestación que pueda interpretarse como apología a grupos armados ilegales, lo que en ocasiones colisiona con el derecho a la libre expresión y el debate histórico.

Implicaciones de la nulidad y el futuro del caso

La decisión del Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín de anular el proceso en segunda instancia significa que el caso volverá a su fase inicial. Esto implica que la orden de retractación está suspendida y que se deberá garantizar la participación de todas las partes que se consideren afectadas y que no fueron vinculadas inicialmente. La Alcaldía de Medellín, que había anunciado su intención de apelar el primer fallo, ahora deberá afrontar un proceso judicial que se reinicia, lo que prolongará la incertidumbre jurídica sobre este asunto.

Este desarrollo subraya la complejidad de equilibrar la autoridad administrativa con los derechos fundamentales de los ciudadanos, en un país donde la historia reciente sigue siendo objeto de controversia y reinterpretación.