La intervención de la Nueva EPS por parte de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, concluyó dejando un panorama de creciente inconformidad ciudadana. Los registros de la Defensoría del Pueblo revelan que, solo en el primer semestre de 2026, las quejas contra la aseguradora se dispararon un 38,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando las 8.082 reclamaciones. Este incremento subraya los desafíos persistentes en el acceso y la calidad de los servicios de salud para los más de 11 millones de afiliados.
Ospina, quien asumió como agente interventor en abril de 2026 bajo designación del Gobierno Petro, finalizó su gestión con un mensaje en video pidiendo que la Nueva EPS “jamás sea liquidada”. Su partida, apenas cuatro meses después de su nombramiento, se inscribe en un patrón de rotación constante de interventores, una inestabilidad que, según diversos actores del sector, ha impedido una gestión coherente y eficaz para la EPS más grande del país.
La Radiografía de la Crisis en la Nueva EPS
Los datos de la Defensoría del Pueblo son contundentes: entre enero de 2025 y junio de 2026, la entidad acumuló cerca de 24.000 quejas. Las reclamaciones de los usuarios son variadas, pero recurrentes:
- Demoras en la entrega de medicamentos esenciales.
- Trabas administrativas en los traslados de pacientes.
- Dificultades críticas de atención en zonas geográficamente dispersas del país.
- Interrupciones abruptas de servicios médicos sin explicación clara.
Un estudio de la Defensoría, que encuestó a 880 usuarios, reveló que el 78% experimentó la falta de disponibilidad de medicamentos, obligando a muchos a adquirirlos por cuenta propia. Esta situación afecta especialmente tratamientos vitales para diabetes, enfermedades cardiovasculares y control de lípidos, con los mayores problemas concentrados en áreas rurales.
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Contexto Financiero y Administrativo
La intervención de Ospina coincidió con la revelación pública de una profunda crisis financiera que ya venía gestándose. Los estados financieros de 2023 y 2024, divulgados por orden judicial, expusieron cifras alarmantes:
- Pasivos que superan los $22 billones.
- Un patrimonio negativo cercano a los $11,9 billones.
- Cuentas embargadas, comprometiendo gravemente la liquidez.
- Pérdidas de $6,5 billones en 2023 y $4,8 billones en 2024.
Estos indicadores reflejan una estructura de costos médicos que excede de manera significativa los recursos recibidos por la EPS, creando un déficit insostenible.
Jorge Iván Ospina: Trayectoria y Cuestionamientos
La designación de Ospina como interventor generó diversas reacciones debido a su particular hoja de vida. Médico de profesión con especialización en Gestión de la Salud, Ospina dirigió hospitales en Cali y fue secretario de Salud y Gobierno en la capital vallecaucana. Su carrera política lo llevó a la Alcaldía de Cali en dos ocasiones (2008 y 2020) y al Senado (2014-2018).
Sin embargo, su historial también incluye cerca de 60 investigaciones abiertas por la Contraloría y la Procuraduría a lo largo de casi dos décadas, la mayoría de ellas archivadas. La Fiscalía General de la Nación mantiene, en 2026, cuatro procesos activos en su contra, tres de ellos en etapa de indagación. El cuarto, relacionado con presuntas irregularidades en el contrato del alumbrado navideño de Cali en 2020, ya derivó en una imputación hace dos años. A ello se suma un embargo de 26 cuentas bancarias y siete bienes inmuebles en 2023 por una investigación sobre un contrato de mantenimiento de cámaras de seguridad en Cali.
La incursión de Ospina en la Nueva EPS no es su primer rol polémico en la actual administración. Previamente, el Gobierno Petro lo había nombrado embajador en Palestina, misión que nunca se concretó. Este episodio, que incluyó la devolución de $145 millones recibidos para esa gestión, añadió un matiz a su imagen pública antes de asumir el desafío en el sector salud.
El Futuro de la Nueva EPS: Planes de «Alivianamiento»
Ante la compleja situación, la ministra de Salud, Ana María Vesga, ha delineado una estrategia para la Nueva EPS que busca «alivianar» la entidad. El plan contempla una reducción de la base de afiliados y la redistribución de usuarios hacia otras aseguradoras con capacidad real de atención. Vesga ha argumentado que el volumen actual de pacientes hace inviable una gestión eficiente y de calidad, y que la meta es llevar a la EPS a un tamaño administrativamente más manejable.
La ministra ha reconocido que la constante rotación de agentes interventores ha erosionado la confianza de pacientes, prestadores y del propio sector. La primera tarea del gobierno entrante, según ha adelantado, será localizar y resolver los «cuellos de botella» que retrasan la entrega de medicamentos y la asignación de citas, buscando estabilizar una entidad crucial para el sistema de salud colombiano.
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