La Fiscalía General de la Nación ha puesto de manifiesto una vez más la persistencia del crimen organizado desde el interior de los centros penitenciarios colombianos. Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido en el ámbito criminal como ‘Negro Ober’ y señalado cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’, ha sido objeto de una nueva judicialización. Las pruebas presentadas por el ente acusador incluyen reveladoras videollamadas que evidencian cómo este individuo continuaba dirigiendo una red de extorsión desde su lugar de reclusión, afectando a comerciantes, tenderos y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento del Atlántico.
Extorsión persistente desde la reclusión
Según la investigación fiscal, ‘Negro Ober’ habría mantenido su influencia criminal coordinando exigencias económicas a sus víctimas entre los años 2025 y 2026. Los detalles divulgados durante la audiencia virtual precisan que las víctimas recibían panfletos intimidatorios y, de manera directa, videollamadas donde Martínez Gutiérrez, presuntamente, realizaba las amenazas y los cobros. Estas exigencias podían ascender a sumas significativas, como 13 millones de pesos, a cambio de no atentar contra la vida de los afectados o sus bienes.
La Fiscalía Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ha sido la encargada de liderar este proceso, imputando cargos basados en la responsabilidad individual de cada implicado. Además de ‘Negro Ober’, otras siete personas han sido vinculadas a la investigación, cada una con un rol específico dentro de la estructura criminal que facilitaba las comunicaciones, ejercía intimidación y recaudaba el dinero producto de las extorsiones.
Implicados y cargos formulados
La estrategia delictiva de ‘Los Costeños’, bajo la presunta dirección de ‘Negro Ober’, operaba con una clara división de tareas. Mientras el cabecilla establecía contacto directo con las víctimas a través de videollamadas, sus coimputados habrían ejecutado labores de mensajería, intimidación y recolección de los pagos extorsivos. Los cargos presentados por la Fiscalía reflejan la complejidad de esta red:
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- Javier Eduardo González Lizcano: Concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.
- Brigith Andrea Hernández Arrias: Concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.
- Otros cinco implicados: Procesados por extorsión agravada, por su participación en la logística y ejecución de las intimidaciones y cobros.
Un secuestro como parte del modus operandi
Uno de los casos concretos que sustentan la acusación ocurrió el 2 de julio de 2025 en Soledad. Un comerciante fue interceptado cerca de su vehículo y, bajo amenaza armada, fue retenido y trasladado a Galapa. Este hecho ejemplifica la brutalidad y la capacidad de operación que la banda mantenía incluso con su líder tras las rejas, demostrando un sistema bien articulado para coaccionar a sus víctimas.
El Atlántico y la lucha contra la extorsión
La región Caribe colombiana, particularmente el departamento del Atlántico, ha enfrentado históricamente desafíos significativos en materia de seguridad, con la extorsión como uno de los delitos que más afecta la economía local y la tranquilidad ciudadana. Grupos criminales como ‘Los Costeños’ han capitalizado la vulnerabilidad de comerciantes y pequeños empresarios, instaurando un régimen de miedo a través de amenazas y actos violentos.
La capacidad de líderes criminales como ‘Negro Ober’ para continuar delinquiendo desde prisión subraya una problemática estructural en el sistema penitenciario. La permeabilidad de las cárceles, que permite el ingreso de dispositivos electrónicos y la coordinación de actividades ilícitas, es un factor recurrente que las autoridades buscan mitigar. Este episodio reitera la urgencia de fortalecer los controles y la inteligencia intramural para desarticular por completo las redes de crimen organizado que persisten operando desde el confinamiento.
La reincidencia criminal de ‘Negro Ober’, quien ya había desafiado públicamente a las autoridades con grabaciones desde la cárcel, pone en relieve la audacia de estos delincuentes y la constante presión sobre las fuerzas del orden para neutralizar su influencia. La judicialización actual representa un paso crucial en la protección de las comunidades y en el desmantelamiento de estas redes que socavan la seguridad y el desarrollo económico del Atlántico.
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