MinSalud ajusta pagos a hospitales por atención migrante: $44 mil millones menos

Bogotá, Colombia – El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha implementado una modificación sustancial en la asignación de recursos destinados a los hospitales que brindaron atención médica de urgencia a la población migrante en el país. El ajuste, producto de un proceso de depuración de cuentas, se traduce en una reducción de $44.455 millones sobre el monto inicialmente previsto, pasando de $665.792 millones a $621.337 millones de pesos.

Esta decisión, revelada por Caracol Radio, impacta directamente la financiación de servicios prestados entre el año 2020 y el tercer trimestre de 2025, periodo en el que la presión sobre el sistema de salud colombiano por la llegada masiva de población migrante se intensificó, especialmente en las zonas fronterizas.

Razones detrás de la Reducción Millonaria

La revisión de la Resolución 2682 de 2025, que inicialmente estableció los pagos, se fundamenta en dos hallazgos principales identificados por el Ministerio:

Pagos previos de entidades territoriales: Diversos departamentos y distritos ya habían asumido, con recursos propios, una parte o la totalidad de las obligaciones por servicios de urgencias prestados a migrantes. El Ministerio busca evitar el doble desembolso de fondos.
Inconsistencias en la facturación: Se detectaron irregularidades y errores en los reportes de facturación presentados por algunas instituciones prestadoras de salud (IPS).

Según el Ministerio, el nuevo monto ajustado de $621.337.604.173 se destinará exclusivamente a cofinanciar las facturas “auditadas, reconocidas y pendientes de pago” correspondientes a la atención de urgencias de esta población vulnerable.

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Departamentos Afectados y Casos Específicos

El documento oficial detalla cómo esta depuración afecta a diversas regiones del país:

Municipios con Cuentas Saldadas que Evitan Doble Pago

Departamentos como Antioquia, Amazonas, Caquetá, Caldas y Chocó certificaron al Ministerio que ya habían cubierto la totalidad de las obligaciones reportadas en sus jurisdicciones. En estos casos, la reducción de los recursos asignados busca precisamente evitar lo que sería un indebido doble pago por parte del Gobierno central.

Ajustes por Pagos Parciales y Auditorías

Otras regiones como Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar, Boyacá, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda, Guaviare, Casanare y Huila experimentaron ajustes en sus asignaciones. Estas modificaciones se deben a una combinación de factores que incluyen:

Pagos parciales realizados con fondos propios de las entidades departamentales o distritales.
Glosas (objeciones) detectadas durante los procesos de auditoría.
Actualizaciones y correcciones en las deudas certificadas.

Mandato de Devolución de Recursos

La resolución ministerial advierte que instituciones prestadoras de salud en Santiago de Cali, Boyacá y Barranquilla, entre otras, recibieron recursos basándose en información errónea proporcionada por las entidades territoriales. En consecuencia, estas IPS deberán reintegrar dichos dineros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el ente encargado de gestionar gran parte de los recursos del sector salud en Colombia.

Contexto: La Carga Migratoria en el Sistema de Salud Colombiano

La llegada masiva de población migrante, especialmente desde Venezuela, ha representado un desafío significativo para el sistema de salud colombiano en la última década. Las regiones fronterizas, en particular, han visto sus capacidades hospitalarias y de atención primaria de urgencias desbordadas. Si bien el gobierno ha impulsado mecanismos de financiación y atención, la complejidad de la facturación y el seguimiento de los servicios prestados a una población en constante movimiento ha generado recurrentes fricciones y desajustes financieros. Episodios como este ajuste de cuentas por parte del Ministerio de Salud evidencian la necesidad de robustecer los mecanismos de control y auditoría, así como de precisar responsabilidades financieras entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones prestadoras de servicios de salud, para garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención oportuna a todos los habitantes del territorio nacional.