Ministro Cancino pide investigar denuncias contra Eva Ferrer

Iván Cancino, ministro de Justicia, se ha pronunciado sobre las presuntas irregularidades que involucran a Eva Ferrer, Angie Rodríguez y otras cuatro personas cercanas al Gobierno anterior. Desde el Congreso de la República, el funcionario indicó que la Fiscalía General de la Nación deberá investigar estos hechos para determinar si existieron conductas delictivas, como lavado de activos y narcotráfico.

Exigencia de investigación sin excepción

El ministro Cancino enfatizó que todas las denuncias deben ser investigadas, sin importar la identidad de las personas señaladas. Subrayó el respeto a la autonomía de los organismos judiciales y de control para llevar a cabo sus actuaciones.

Según el ministro, «todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues, tiene que haber una investigación. Ahí respetamos nosotros absolutamente la autonomía de la Fiscalía». Agregó que la Fiscalía será la encargada de comunicar los resultados de sus pesquisas y que el Gobierno estará atento a las conclusiones.

Irregularidades en el uso de aeronaves oficiales

En sus declaraciones, el ministro también abordó las publicaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el uso de aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la Casa de Nariño. Cancino reconoció la seriedad de los señalamientos, pero instó a esperar el desarrollo de las investigaciones y a respetar el debido proceso.

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«Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso, las condiciones que la Fiscalía y Procuraduría hayan anunciado alguna indagación», afirmó el ministro de Justicia.

Actuaciones de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación ya ha abierto una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) a raíz de las publicaciones periodísticas. Como parte de esta indagación, el órgano de control ha llamado a declarar bajo juramento a Eva Ferrer y a otras cinco personas: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

La indagación previa busca establecer la ocurrencia de los hechos, identificar posibles responsables y determinar si las conductas tienen relevancia disciplinaria. Estas actuaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. El ministro reiteró que el país y el Gobierno permanecerán atentos a los resultados de las autoridades judiciales y disciplinarias.

Pronunciamiento sobre la libertad por vencimiento de términos

Otro de los temas abordados por el ministro de Justicia fue la libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle, investigados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), debido al vencimiento de términos.

Cancino sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia responde a la aplicación de las normas vigentes y que este mecanismo procesal debe operar sin distinciones por la identidad de los investigados.

«El vencimiento de términos es un tema que está en la ley, está absolutamente arreglado», señaló. Añadió que la Corte Suprema «lo que hizo fue aplicar la ley como la aplican los jueces siempre que se presente esa condición, sin importar la persona que sea la procesada».

El ministro recordó que la libertad por vencimiento de términos ocurre cuando se cumplen las condiciones legales relacionadas con los plazos procesales, sin que ello signifique una declaración de inocencia o el fin del proceso judicial. En el caso de Name y Calle, la decisión se produce en el marco de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD, que involucra presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las declaraciones de Iván Cancino se enfocan en dos asuntos clave para la justicia colombiana: el esclarecimiento de las denuncias sobre posibles irregularidades que afectan a personas cercanas al Gobierno anterior y la aplicación de las garantías procesales en las investigaciones penales. El ministro ha delegado en la Fiscalía y en los organismos de control la tarea de establecer lo sucedido, defendiendo que las decisiones judiciales se adopten conforme a la ley y con respeto al debido proceso.