Ministro Beltrán: tres días en Santa Marta, una hora de trabajo en emergencia

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, se encuentra en el centro de la controversia por su permanencia de tres días en Santa Marta durante la atención de la emergencia nacional causada por el terremoto del 10 de agosto. Según respuestas entregadas por su propio Ministerio a la Comisión Séptima del Senado, Beltrán solo sostuvo una reunión oficial relacionada con la emergencia durante su estancia en la ciudad caribeña, con una duración de una hora.

La situación ha generado un intenso debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos en momentos de crisis, especialmente cuando la infraestructura y el bienestar de miles de familias colombianas estaban en riesgo. El costo del desplazamiento y estadía del esquema de seguridad del ministro, que ascendió a más de 14 millones de pesos, añade otro elemento a la discusión.

La cronología del desplazamiento ministerial

De acuerdo con la información remitida al Congreso, el ministro Beltrán llegó a Santa Marta el sábado 15 de agosto a las 11:00 a.m. y permaneció allí hasta el lunes 17 a las 4:00 p.m. Este periodo coincidió con los días críticos posteriores al sismo que afectó significativamente el occidente del país. El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, generó afectaciones en varios departamentos, incluyendo Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, zonas para las cuales el Ministerio de Vivienda reportó seguimiento y coordinación con la UNGRD y otras entidades.

Antes de su viaje a Santa Marta, la agenda del ministro fue intensa. El viernes 14 de agosto, Beltrán estuvo en el Eje Cafetero, participando en reuniones con autoridades de Caldas y recorriendo zonas afectadas en Manizales y Villamaría. Posteriormente, se trasladó a Pereira para acompañar al entonces presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en la evaluación de la emergencia, finalizando la jornada con un Puesto de Mando Unificado en Cali a las 9:30 p.m.

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A pesar de esta actividad previa, el registro de su Ministerio indica que durante los tres días en Santa Marta, la única actividad oficial directamente ligada a la emergencia fue una videollamada de una hora. Esta reunión, realizada el lunes 17 de agosto entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m., tuvo como objetivo evaluar las actividades de la semana anterior y planificar una mesa técnica.

Argumentos del Ministerio y cuestionamientos

El Ministerio de Vivienda ha defendido la actuación del ministro, argumentando que su presencia en Santa Marta no implicó una ausencia laboral. Sus justificaciones se centran en los siguientes puntos:

No existe disposición interna que obligue al ministro a permanecer físicamente en Bogotá ni protocolo que exija su traslado inmediato a la zona afectada.
Un ministro puede dirigir y tomar decisiones de manera remota, garantizando la continuidad de la gestión.
Beltrán mantuvo su servicio activo y sus canales de comunicación abiertos, sin que se cancelara o aplazara ninguna actividad prevista.
La permanencia en Santa Marta se dio para compartir con su familia, que se encontraba de vacaciones, un acto compatible con sus obligaciones ministeriales dado que no había actividades pendientes en Bogotá que requirieran su presencia.

Sin embargo, la escasa actividad oficial registrada en el destino turístico contrasta con la magnitud de la crisis. El Senado preguntó específicamente por las instrucciones impartidas para garantizar alojamiento temporal a las familias afectadas. La respuesta del Ministerio no detalló acciones concretas ni el número de familias atendidas, reiterando que las funciones podían ejercerse de manera remota y que la coordinación territorial se había desarrollado antes y después de su viaje.

Contexto de la emergencia y la gestión del riesgo en Colombia

El terremoto del 10 de agosto de 2024 recordó la vulnerabilidad de vastas regiones de Colombia a los desastres naturales. El país, situado en una zona de alta actividad sísmica, ha enfrentado históricamente desafíos significativos en la prevención, respuesta y reconstrucción tras eventos telúricos. Las emergencias recientes, como el deslizamiento en Quetame en 2023 o el sismo de 2024, ponen de manifiesto la necesidad de una gestión del riesgo robusta y de una respuesta gubernamental ágil y visible. La percepción pública de la presencia de altos funcionarios en el terreno durante estas crisis es fundamental para generar confianza y asegurar una coordinación efectiva, especialmente en áreas donde las comunidades ya enfrentan condiciones socioeconómicas precarias y una infraestructura limitada.

En este contexto, la decisión de un ministro de permanecer lejos de la zona de impacto, con una actividad oficial mínima, puede ser interpretada como una falta de compromiso o de entendimiento de la urgencia humanitaria y técnica que demandan estas situaciones. La centralización de decisiones sin una presencia física en el territorio afectado puede obstaculizar la evaluación directa de daños y la implementación de soluciones adaptadas a las necesidades locales.

Costo de seguridad y despliegue de personal

Otro aspecto revelado por el informe es el costo para el Estado del esquema de seguridad del ministro. El desplazamiento y la estadía del personal de protección en Santa Marta ascendieron a $14.397.280. El Ministerio justificó este gasto, señalando que el acompañamiento de seguridad es necesario para el ministro debido a evaluaciones de riesgo previas y amenazas recibidas a lo largo de su carrera pública.

En cuanto al despliegue de personal, el Ministerio indicó que entre el 15 y el 19 de agosto, seis funcionarios fueron desplazados al territorio. No obstante, al ser consultado sobre cuántas viviendas afectadas por el terremoto había verificado el Ministerio o cuántas verificaciones había ordenado directamente el ministro, la cartera trasladó la responsabilidad a otras entidades, como la UNGRD y las autoridades territoriales, aludiendo que no son la entidad encargada del censo de damnificados.

La emergencia seguía activa al momento del viaje, con un universo de 340 municipios en ocho departamentos bajo seguimiento, aunque solo se tenía información preliminar de un tercio de ellos. La identificación y cuantificación de daños continuaban en desarrollo, subrayando la complejidad de la situación que el país enfrentaba.