Una serie de presuntas anomalías en la contratación ejecutada por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) fue expuesta por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. La acusación se enfoca en convenios pactados durante la etapa final del mandato de Gustavo Petro, justo antes de que entraran a regir las restricciones de la ley de garantías electorales.
De acuerdo con el titular de la cartera, la entidad formalizó 148 acuerdos contractuales que superan los $125.000 millones en un lapso de apenas cuatro jornadas. Además, precisó que una porción dominante de ese capital se tramitó en tiempo récord: más de $100.000 millones resultaron asignados en únicamente dos días.
Señalamientos por adulteraciones y fallas normativas
Más allá de la celeridad y la concentración de los recursos públicos en vísperas de las limitaciones legales, Gómez Amín advirtió la presencia de faltas graves en la documentación de los procesos:
- Inobservancia de requerimientos fijados por la ley.
- Presuntas falsificaciones detectadas en rúbricas.
- Alteraciones en las fechas de los documentos oficiales.
Frente a este escenario, el funcionario cuestionó abiertamente la finalidad del gasto realizado a última hora y exigió determinar con exactitud el destino final de los dineros estatales. No obstante, en la exposición inicial no se detallaron los nombres de las compañías beneficiadas, los convenios específicos bajo sospecha ni las iniciativas turísticas involucradas.
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El caso ya fue puesto bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con el fin de indagar posibles conductas penales. Paralelamente, el ministerio confirmó que remitirá la documentación pertinente tanto a la Contraloría General de la República como a la Procuraduría General de la Nación, entidades que evaluarán eventuales detrimentos patrimoniales o faltas disciplinarias.
El ministro Gómez Amín sostuvo que el mandato precedente debe asumir la responsabilidad por los hechos sucedidos en Fontur, remarcando que bajo la gestión del presidente Abelardo de la Espriella se mantendrán las revisiones sobre el uso del erario. Hasta el momento, este proceso corresponde a una denuncia administrativa en etapa de indagación y no cuenta con fallos judiciales ni sanciones disciplinarias en firme, así como tampoco se conoce un pronunciamiento formal por parte de los voceros del gobierno anterior ni de la administración previa de Fontur.
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