MinAmbiente declara reserva en Santurbán antes del cierre de gobierno Petro

Bogotá, Colombia. A pocas horas de la conclusión del gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oficializó la creación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo «La Baja» en el Macizo de Santurbán. La decisión, materializada a través de la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, abarca 1.499,28 hectáreas en el municipio de California, Santander, y se presenta como una medida clave para la conservación hídrica de la región.

Protección hídrica: el objetivo central de la nueva reserva

La resolución ministerial establece como prioridad la protección de los recursos naturales renovables y el sistema hídrico, tanto superficial como subterráneo, en el área delimitada. Esto incluye garantizar procesos esenciales como la recarga, infiltración, almacenamiento, circulación y descarga del agua. Adicionalmente, se busca preservar la conectividad hidrogeológica de este ecosistema, fundamental para el abastecimiento de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.

Un aspecto crucial de la normativa es la prohibición de nuevas concesiones, contratos, permisos o licencias para actividades de exploración y explotación minera dentro del perímetro de la reserva. Esta restricción tiene un impacto directo en el futuro desarrollo de proyectos extractivos en la zona.

Excepciones y continuidad de proyectos mineros existentes

A pesar de la declaratoria, la resolución contempla excepciones para la minería ya establecida. Los proyectos que cuenten con títulos e instrumentos ambientales vigentes podrán continuar sus operaciones bajo las condiciones autorizadas inicialmente. Sin embargo, estas empresas no podrán:

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Ampliar sus áreas de explotación.
Abrir nuevos frentes mineros.
Incrementar los volúmenes de producción.

De igual forma, los procesos de formalización minera que ya se encontraban en curso antes de la expedición de la resolución podrán seguir su trámite hasta obtener una decisión definitiva. Esta disposición busca equilibrar la protección ambiental con los derechos adquiridos y los procesos administrativos en curso de las comunidades mineras tradicionales.

Reacciones divididas: ambientalistas vs. pequeños mineros

La medida ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones ambientalistas y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Estos colectivos celebran la decisión como el resultado de 17 años de movilización ciudadana y más de 8.000 firmas que abogaban por la protección de este ecosistema estratégico. Consideran que la declaratoria de «La Baja» y la permanencia de otras áreas de reserva temporal representan un avance significativo para asegurar el suministro de agua en la región.

No obstante, los ambientalistas anticipan posibles acciones legales por parte de empresas mineras que busquen revertir la decisión y han anunciado su disposición a defender la resolución tanto en escenarios jurídicos como ciudadanos.

Por otro lado, la comunidad de pequeños mineros y habitantes del páramo ha expresado su descontento. Para ellos, la resolución constituye «una patada» a las comunidades que han solicitado activamente participar en las decisiones sobre su territorio. Critican que el acto administrativo fue expedido de manera precipitada, en las últimas horas de la administración Petro, sin una consulta adecuada que incluyera sus perspectivas y necesidades.

Contexto del conflicto en Santurbán: una lucha histórica

La delimitación y protección del Páramo de Santurbán ha sido un foco de debate y conflicto en Colombia durante más de una década. Este ecosistema, fundamental por ser una «fábrica de agua» que surte a millones de personas en Santander y Norte de Santander, ha estado bajo la amenaza constante de la minería, especialmente la gran minería de oro. El conflicto ha enfrentado a comunidades locales y ambientalistas, que defienden el agua y la biodiversidad, contra intereses económicos y empresas mineras que buscan explotar los vastos yacimientos de minerales preciosos en la región.

Históricamente, la Corte Constitucional ha intervenido en varias ocasiones, ordenando al Estado la delimitación del páramo y la protección de sus ecosistemas. Sin embargo, los procesos han sido complejos, marcados por demoras, revisiones y la búsqueda de equilibrios entre la protección ambiental y los derechos de las comunidades que dependen de la actividad minera artesanal y de subsistencia.

La decisión de la administración Petro de declarar esta reserva definitiva, aunque tardía, se alinea con una política ambiental que ha buscado consolidar áreas protegidas y restringir actividades extractivas en ecosistemas estratégicos. Este movimiento se produce en un momento de transición política y deja un precedente relevante para futuras discusiones sobre el modelo de desarrollo económico y la conservación ambiental en Colombia. La «delimitación progresiva» del páramo, una fórmula que el mismo Ministerio había rechazado en 2023, ahora se materializa como una estrategia para avanzar en la protección, extendiendo su vigencia hasta 2029 mientras se completan estudios técnicos y sociales para una decisión más integral y definitiva sobre todo el Macizo.