El representante a la Cámara por el departamento del Meta, Milton Carreño, defendió el proyecto de acto legislativo denominado «antimermelada». La propuesta, radicada por dos congresistas, tiene como propósito establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre la gestión territorial que adelantan los legisladores y la procedencia de los recursos que financian sus campañas políticas.
Debate frente a los cupos indicativos
Durante su pronunciamiento en Mañanas Blu, Carreño controvirtió los reparos expuestos por el exministro y exembajador Alfonso Prada, quien advirtió que la enmienda institucionalizaría la mermelada mediante la figura de cupos indicativos. El congresista desestimó esa postura y manifestó que tales asignaciones «pasaron a la historia».
De acuerdo con Carreño, el texto legislativo no incluye partidas presupuestales directas ni bolsas de asignación económica. La propuesta otorga la facultad a los parlamentarios de radicar proyectos orientados al beneficio general en sus regiones, los cuales deberán incorporarse a través de los planes de desarrollo y el presupuesto general de la Nación, bajo la supervisión de organismos como la Contraloría y la Procuraduría.
Los límites de la labor territorial
Al abordar el concepto de mermelada, el representante la definió como prebendas o contraprestaciones derivadas de votaciones o gestiones legislativas. Carreño sostuvo que canalizar obras para las comunidades no constituye un acto indebido, aunque admitió vacíos normativos en la actualidad: «Estamos como en una zona oscura».
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El legislador del Meta, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria política, descartó que la iniciativa busque intermediar en la asignación de cargos públicos o recepción de hojas de vida, recalcando la necesidad de tramitar los apoyos regionales de cara a la opinión pública para erradicar el intercambio de dádivas por votos.
Plazos y reglas para declarar conflictos de interés
La reforma prevé un término de 12 meses para la expedición de una ley orgánica que determine las sanciones e instrumente el registro público de intereses de financiadores de campaña. Entre las disposiciones clave se encuentran:
- Obligación de identificar nominalmente a cada uno de los aportantes de las campañas electorales.
- Manifestación de impedimentos en el registro público, sumada a la declaración habitual en comisiones y plenarias.
- Diferenciación entre iniciativas gremiales y favorecimientos particulares. Carreño ejemplificó que un parlamentario con respaldo económico del sector lechero puede promover normas generales para ese rubro, pero debe declararse impedido si la ley confiere una ventaja puntual a una compañía específica como Alpina.
Otros aspectos procedimentales específicos, como la discusión de gravámenes a productos saludables, quedarán sujetos a la reglamentación complementaria que se tramite con posterioridad a la aprobación del acto legislativo.
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