La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz Gómez, ha calificado a la Justicia Penal Militar como un «mecanismo de encubrimiento» de crímenes. Esta afirmación surge en el contexto de un proyecto de reforma constitucional en el Congreso, impulsado por el Centro Democrático, que busca modificar las reglas de la justicia transicional.
Advertencia sobre el riesgo de retroceso en impunidad
Díaz Gómez alertó, en diálogo con El Espectador, que la propuesta de que la Justicia Penal Militar y Policial revise sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública representaría un grave retroceso. Según la magistrada, esto implicaría volver varias décadas atrás en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
La magistrada señaló que la iniciativa va en contra de dos décadas de jurisprudencia constitucional consolidada y de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Estas instancias han establecido que la Justicia Penal Militar no debe investigar, juzgar o sancionar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos. Este amplio consenso internacional y constitucional colombiano sería ignorado por el proyecto de reforma.
La JEP y el esclarecimiento de responsabilidades
La JEP ha realizado investigaciones profundas sobre las acciones de las antiguas Farc y de agentes del Estado. En el caso de las Farc, se han esclarecido políticas que llevaron a 21.000 secuestros, tomas de rehenes, torturas, reclutamiento de niños y niñas, abortos forzados y violencia sexual. También se ha investigado la política de control territorial que resultó en asesinatos, masacres y violencia sexual, incluso contra líderes indígenas.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →En cuanto a los crímenes cometidos por agentes del Estado, la JEP ha esclarecido la política de «conteo de cuerpos» que derivó en asesinatos y desapariciones forzadas de más de 7.000 personas, presentadas falsamente como bajas en combate. También se ha investigado la estigmatización del partido Unión Patriótica y crímenes perpetrados por agentes del Estado en asociación con paramilitares.
Pruebas del encubrimiento por la Justicia Penal Militar
En el marco de sus investigaciones, la JEP ha encontrado testimonios de antiguos miembros del Ejército que confirmaron la colaboración de jueces penales militares en el encubrimiento de crímenes. En casos de «falsos positivos», se documentó cómo inspecciones de cuerpos fueron realizadas por jueces penales militares que pasaron por alto evidencias cruciales, como víctimas con calzado incongruente (dos botas izquierdas o derechas, tenis en combates) o rastros de pólvora por disparos a quemarropa. Además, existían «proformas» o libretos para que los soldados ofrecieran declaraciones que obstruían el esclarecimiento de los hechos.
La magistrada Díaz Gómez recordó que a mediados de la década de 2000, tras denuncias de «falsos positivos» expuestas por Naciones Unidas, una medida clave fue trasladar estos casos a la justicia ordinaria. Fue entre 2005 y 2006 cuando la justicia ordinaria comenzó a investigar, revelando cómo estos crímenes habían sido encubiertos previamente por la Justicia Penal Militar. La JEP ha documentado 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales, cifra que inicialmente se estimaba en 6.402 víctimas.
La magistrada expresó su sorpresa ante la propuesta de «retroceder dos décadas» en la investigación de estos crímenes, dado que las pruebas recopiladas por la JEP demuestran que en muchos casos la Justicia Penal Militar funcionó como un mecanismo para archivar investigaciones y evitar la identificación de responsables, una situación ya advertida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
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