La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz ha levantado una seria alerta sobre la situación en el corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander. La organización social denunció públicamente un presunto intento de reclutamiento de jóvenes, incluidos menores de edad, por parte del Ejército Nacional en la zona. Esta acusación genera una profunda preocupación en una región históricamente golpeada por la violencia armada, donde el reclutamiento forzado de menores ha sido una constante por parte de grupos ilegales.
Denuncia de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz
Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, fue la voz de esta denuncia. Según García, tropas del Ejército Nacional habrían llegado a La Gabarra con el propósito de adelantar labores de incorporación, presuntamente incluyendo a menores de edad. Este hecho ha causado indignación entre las madres, quienes han dedicado años a proteger a sus hijos de ser vinculados al conflicto armado por parte de actores al margen de la ley.
«La lucha que hemos dado las Madres del Catatumbo por la Paz para que los grupos al margen de la ley no recluten a nuestros niños ha sido grande en estos años», manifestó García, cuestionando la paradoja de que ahora, según su señalamiento, sean las propias Fuerzas Militares quienes intenten incorporar a estos jóvenes. La dirigente social enfatizó que no permitirán que «se lleven nuestros niños del Catatumbo, que bastante han sufrido la violencia».
Contexto de una región bajo fuego
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una de las regiones más complejas y violentas de Colombia. Su ubicación estratégica, su riqueza en recursos naturales y la presencia histórica de cultivos ilícitos lo han convertido en un epicentro del conflicto armado. Actualmente, la zona es escenario de una confrontación constante entre diversas estructuras armadas ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC y grupos armados post-desmovilización, que se disputan el control territorial y las rentas ilícitas. Esta situación ha generado un ciclo de violencia que afecta desproporcionadamente a la población civil, y en particular a los niños y jóvenes, quienes son blancos recurrentes de reclutamiento forzado. La promesa de un ingreso o la amenaza directa son tácticas comunes usadas por los grupos armados para engrosar sus filas, dejando un rastro de dolor y desintegración social.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →La denuncia de las madres adquiere mayor relevancia en este contexto, pues el reclutamiento de menores, independientemente del actor armado que lo promueva, constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. La niñez del Catatumbo ha sido tradicionalmente estigmatizada y expuesta a la violencia, por lo que la protección de su integridad y su futuro es un pilar fundamental para cualquier proceso de pacificación en la región.
Reacciones y exigencias ante la denuncia
La presidenta de la organización recalcó que las madres han asumido riesgos personales y familiares para resguardar a sus hijos. «Nos ha tocado a las madres enfrentarnos a los grupos armados para que ahora el Ejército Nacional venga a reclutar nuestros jóvenes en el territorio, para mandarlos a pelear en el mismo territorio donde ya tenemos un confrontamiento de dos guerrillas», sostuvo García, señalando la ironía y el peligro de la situación.
La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz ha reiterado su compromiso de mantenerse en la defensa de los niños, niñas y jóvenes de la región, rechazando categóricamente cualquier forma de vinculación de menores al conflicto armado. «No le vamos a permitir al Ejército Nacional que reclute uno de nuestros jóvenes en el territorio, porque nosotras, las Madres del Catatumbo, no parimos hijos e hijas para la guerra», concluyó García.
Ante la gravedad de la denuncia, se espera que las autoridades pertinentes, incluida la Fuerza Pública, proporcionen una explicación detallada sobre el procedimiento adelantado en La Gabarra, especifiquen quiénes fueron abordados y aclaren si hubo intentos de incorporación de menores de edad. Es fundamental que se investigue a fondo para determinar la veracidad de las acusaciones y garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los niños y jóvenes en zonas de conflicto.
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