Longevidad pone a prueba sostenibilidad de pensiones en Colombia

El aumento en la esperanza de vida de la población colombiana, aunque un logro social, presenta importantes desafíos para la viabilidad del sistema pensional del país. A medida que los ciudadanos viven por más años, el Estado asume la responsabilidad de costear las pensiones durante periodos más prolongados, lo que se traduce en un incremento de las obligaciones financieras y una mayor presión sobre las arcas públicas.

Proyecciones de gasto pensional en aumento

Según estimaciones del actuario colombiano Diego Alejandro Esguerra, el gasto social destinado a pensiones podría experimentar un crecimiento considerable. Se proyecta que este rubro pase de cerca de $70 billones en 2026, representando el 6,09 % del Producto Interno Bruto (PIB), a $103 billones en 2044, lo que equivaldría al 7,46 % de la economía nacional.

Esguerra explicó que el efecto directo de la mayor longevidad se manifiesta en la necesidad de pagar pensiones y rentas vitalicias por más tiempo. Esto eleva el valor presente de las obligaciones y amplifica la demanda de subsidios estatales.

No obstante, el experto matiza que atribuir este incremento únicamente al riesgo de longevidad sería una simplificación. Las proyecciones incorporan otros factores socioeconómicos, así como los parámetros establecidos por la Ley 2381 de 2024, que corresponde a la reforma pensional.

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Doble impacto demográfico en Colombia

La transformación demográfica en Colombia se caracteriza por dos fenómenos simultáneos: el incremento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Esta combinación implica una reducción proporcional de la población en edad laboral frente a un creciente número de adultos mayores, lo que compromete la base de contribuyentes necesaria para sostener a los pensionados.

Un estudio del Banco de la República ha alertado sobre las repercusiones de este cambio en diversos ámbitos. Los efectos esperados incluyen impactos sobre:

El sistema pensional
La atención en salud
Los servicios de cuidado a largo plazo
Los ingresos fiscales

Como resultado, se anticipa una presión creciente sobre las finanzas públicas, lo que podría generar un aumento del déficit fiscal en las próximas décadas. El Emisor calculó que una mayor longevidad podría incrementar el gasto fiscal en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del PIB en promedio anual, bajo las reglas pensionales analizadas. Aunque este porcentaje pueda parecer reducido, su impacto se vuelve más significativo al acumularse durante periodos prolongados.

Evaluación actuarial para la sostenibilidad

Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Actuarios (ACA) enfatiza que la longevidad no debe ser abordada exclusivamente desde la formulación de políticas públicas. Es fundamental realizar evaluaciones técnicas precisas para estimar las obligaciones futuras y anticipar los riesgos financieros inherentes al sistema.

Estos cálculos consideran una diversidad de variables, entre ellas:

La esperanza de vida
Las tasas de mortalidad
El comportamiento de los cotizantes
Las tasas de interés
La inflación
El crecimiento económico
Las probabilidades de supervivencia

La importancia de estos análisis se acentúa frente a los compromisos derivados de la reforma pensional y la necesidad de cuantificar los recursos que el país requerirá para cumplir con estas obligaciones en los próximos 20, 30 o 40 años.

Andrés Vesga Mahecha, presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Actuarios, señaló que el reto para Colombia no es limitar la vida de sus ciudadanos, sino encontrar la forma de financiar dignamente esos años adicionales sin generar una carga impagable para las futuras generaciones.

Simposio Internacional abordará el desafío

Estos desafíos serán un eje central del IX Simposio Internacional de Actuaría, que se llevará a cabo en Bogotá del 14 al 17 de octubre. El evento reunirá a más de 250 actuarios y profesionales del riesgo, tanto de Colombia como de otros países de la región.

El encuentro se enfocará en cómo prever los riesgos asociados al envejecimiento poblacional y cómo utilizar la información, la ciencia actuarial y las nuevas herramientas para optimizar la toma de decisiones.

La discusión apunta a identificar mecanismos de largo plazo que permitan atender las necesidades de una población que vive más, asegurar el cumplimiento de las obligaciones pensionales y preservar la estabilidad financiera del sistema, sin comprometer la capacidad económica de las generaciones venideras.