Liquidador del MinIgualdad declara insubsistentes a dos viceministros

Bogotá D.C. – Jhon Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad, ha tomado decisiones contundentes en la reestructuración de la entidad, declarando la insubsistencia de dos viceministros que no habían presentado su renuncia y dando por terminados los encargos de otros dos. La acción, que busca sanear la administración y recuperar recursos, impacta directamente a funcionarios que formaban parte de la estructura inicial del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Decisiones clave en la liquidación ministerial

Las determinaciones del liquidador Rodríguez afectaron a la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, y al viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, quienes fueron declarados insubsistentes. Esta figura jurídica implica la terminación unilateral del nombramiento por parte de la administración, sin necesidad de que el funcionario incurra en una falta disciplinaria.

Adicionalmente, se culminaron los encargos de la viceministra de los Pueblos Étnicos y Campesinos, Aura Tegria, y del viceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos, Santiago Salinas. Estas medidas, según Rodríguez, son parte de un proceso integral para la supresión inmediata de la estructura viceministerial y la terminación de roles considerados no esenciales.

Auditoría y recuperación de recursos

Uno de los ejes centrales de la intervención es la revisión exhaustiva de las obligaciones y nóminas pendientes, causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto. El liquidador enfatizó que estos desembolsos se realizarán únicamente si cuentan con un estricto sustento jurídico y laboral. Esta auditoría busca garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.

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“Mientras el Gobierno asume el control directo de FonIgualdad con la meta de revisar nóminas paralelas y recuperar cerca de 200.000 millones de pesos necesarios para atender la emergencia económica y a las víctimas del terremoto”, declaró Rodríguez, señalando la magnitud de los recursos en juego y la intención de redirigirlos hacia necesidades apremiantes del país. La mención de “nóminas paralelas” sugiere posibles irregularidades o duplicidades en la contratación que el proceso de liquidación se propone identificar y corregir.

Contexto de la creación y liquidación del Ministerio de la Igualdad

El Ministerio de la Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, fue una de las promesas de campaña del presidente Petro, concebido como una herramienta fundamental para reducir las brechas sociales y económicas en Colombia. Su creación en 2022 generó grandes expectativas, especialmente en las regiones más vulnerables del país, como el Pacífico colombiano, donde las desigualdades históricas son palpables. La propuesta buscaba articular políticas para poblaciones históricamente marginadas: mujeres, jóvenes, comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y personas con discapacidad, entre otras.

Sin embargo, desde su puesta en marcha, la entidad enfrentó desafíos administrativos, operativos y de presupuesto, que derivaron en críticas sobre su eficacia y capacidad de ejecución. La liquidación actual, apenas unos años después de su establecimiento, refleja las dificultades intrínsecas de implementar una mega-cartera con tan amplias competencias y la compleja burocracia estatal colombiana. Esta situación subraya la constante tensión entre las aspiraciones de transformación social de un gobierno y la realidad práctica de la gestión pública en un país con limitaciones fiscales y profundas necesidades estructurales.

Acciones y denuncias futuras

Más allá de las declaraciones de insubsistencia y la terminación de encargos, el liquidador Jhon Milton Rodríguez adelantó que se presentarán denuncias ante los organismos de control competentes. Estas acciones se llevarán a cabo en caso de detectarse posibles detrimentos patrimoniales durante el proceso de auditoría y revisión. La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación podrían ser las entidades encargadas de investigar cualquier hallazgo de irregularidad.

La celeridad y el rigor con los que se está llevando a cabo este proceso de liquidación, a la par de la focalización en la recuperación de fondos y la reestructuración administrativa, demuestran la intención del Gobierno de cerrar un capítulo complejo para la administración pública y aprender de la experiencia, al tiempo que se buscan soluciones para las poblaciones que el Ministerio de la Igualdad pretendía atender.