Laura Sarabia se declara inocente por chuzadas y polígrafo a Marelbys Meza

Laura Sarabia, exjefa de despacho presidencial y figura clave en el inicio del gobierno de Gustavo Petro, se declaró inocente ante la justicia por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La imputación de cargos se realizó este lunes 14 de septiembre, en el marco de la investigación por las presuntas interceptaciones ilegales y la práctica de una prueba de polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza.

El caso, que ha marcado un hito en las indagaciones sobre el uso indebido de poder desde las altas esferas del Estado, se centra en los acontecimientos ocurridos en enero de 2023, tras un supuesto hurto en el apartamento de Sarabia. La Fiscalía General de la Nación sostiene que la entonces funcionaria habría utilizado recursos y personal estatal para resolver un asunto de carácter privado.

Cronología de una acusación: el origen del caso Marelbys Meza

Los hechos que configuran la acusación se remontan al 28 de enero de 2023. Según el ente acusador, Laura Sarabia habría enviado una bolsa con dinero y documentos antes de un viaje. Esta bolsa, destinada a su esposo Andrés Parra, fue entregada finalmente a Marelbys Meza, su empleada doméstica, debido a la ausencia de Parra en el apartamento.

Un día después, al no localizar la bolsa, Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, solicitando el inicio de labores investigativas. La Fiscalía señala que, en presencia del capitán Óscar Leandro Mujica, asignado al caso, Sarabia ordenó la práctica de una prueba de polígrafo a Meza. La exniñera, según su propio testimonio, accedió a la prueba por temor a perder su empleo.

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La prueba de polígrafo se llevó a cabo en el edificio Galán, ubicado en el centro de Bogotá, y se extendió por un periodo de tres a cuatro horas. El interrogatorio se centró exclusivamente en la desaparición del dinero, un hecho que, para la Fiscalía, evidencia un desborde de las funciones públicas de Sarabia con un fin personal.

Implicaciones y delitos imputados a Laura Sarabia

La tesis de la Fiscalía es clara: Laura Sarabia «desbordó su competencia, con el propósito exclusivo de resolver un problema personal». Esta afirmación sustenta los dos delitos por los que fue imputada:

Abuso de función pública: Se refiere al uso indebido de las facultades inherentes a un cargo público para fines ajenos a los establecidos por la ley.
Constreñimiento ilegal agravado: Implica obligar a una persona a hacer o no hacer algo contra su voluntad, con la agravante de que la situación se habría dado en un contexto de desigualdad de poder.

La investigación cuenta con el testimonio clave del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien ha declarado ser testigo de la llamada realizada por la exfuncionaria para activar el protocolo de seguridad presidencial en un asunto que, en principio, era de índole privada.

Ramificaciones del caso: otros implicados y condenas

El caso de las «chuzadas» y el polígrafo a Marelbys Meza no solo afecta a Laura Sarabia. Las pesquisas judiciales han revelado una compleja red de acciones ilegales que involucran a varios miembros de la fuerza pública. Hasta el momento, ya han sido llamados a responder ante la justicia:

Coronel Carlos Feria y mayor Duván Andrés Muñoz: Implicados en el desarrollo de las investigaciones.
Capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales: Condenados por manipular un informe de inteligencia. Estos funcionarios habrían alterado un documento para que un fiscal ordenara la interceptación de dos números telefónicos, que supuestamente pertenecían a alias «La Madrina» y alias «La Cocinera» del ‘Clan del Golfo’. Sin embargo, esos números eran, en realidad, los de Marelbys Meza y otra empleada doméstica de Sarabia, buscando así una fachada legal para las interceptaciones.
Patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales y el capitán Óscar Leandro Mujica: Han obtenido principios de oportunidad con la justicia, lo que sugiere su colaboración en la revelación de detalles del entramado.

Contexto político y social del escándalo en Colombia

Este episodio judicial se enmarca en un periodo de alta tensión política en Colombia, donde la confianza en las instituciones ha sido un tema recurrente. El uso de recursos estatales para fines personales, así como las interceptaciones ilegales, evocan capítulos oscuros de la historia reciente del país, recordando épocas donde la inteligencia del Estado fue instrumentalizada para persecuciones políticas o vendettas personales. La investigación sobre el caso Sarabia-Meza, por tanto, trasciende el ámbito judicial individual para convertirse en un termómetro de la transparencia y el apego a la legalidad en el ejercicio del poder. La opinión pública y diversos sectores políticos han manifestado su preocupación por la posible instrumentalización de la Casa Militar y otros organismos de seguridad para asuntos privados, un debate que resuena con la necesidad de fortalecer los controles democráticos y la rendición de cuentas en la administración pública.