El congresista del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración del presidente Abelardo de la Espriella, señalando que la anulación del área de reserva sobre el territorio amazónico responde a un plan para facilitar la explotación extractiva. La acusación fue difundida por el legislador a través de su cuenta en la red social X, plataforma donde convocó a la ciudadanía a respaldar una recolección de firmas orientada a detener esta disposición oficial.
El impacto sobre la protección territorial y los acuerdos con Estados Unidos
La controversia se originó tras la expedición de la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026. Según expuso Gómez, este acto administrativo suprimió el blindaje ambiental que cobijaba a 483.283 kilómetros cuadrados, área que representa aproximadamente el 42 % de la superficie nacional y en la cual regía un veto contra la adjudicación de nuevos títulos mineros e hidrocarburíferos.
De acuerdo con los señalamientos del parlamentario, esta determinación se articula con otros compromisos binacionales previos:
- El establecimiento de un memorando de cooperación en minerales críticos suscrito con Estados Unidos, el cual, según sus alertas, persigue agilizar trámites, facilitar permisos, atraer inversiones y permitir el mapeo geológico.
- Un presunto compromiso de los intereses estratégicos de Colombia derivado del marco pactado con las autoridades estadounidenses.
- La presencia en Mocoa de la compañía Copper Giant, firma sobre la cual el congresista afirmó que su principal accionista mantiene vínculos societarios con el primer mandatario, aseveración que no cuenta con verificación independiente.
La postura del Ministerio de Ambiente y las acciones legales en curso
Frente a los reparos políticos, la cartera ambiental liderada por Fabio Arjona argumentó que la decisión respondió a falencias en el trámite de la Resolución 0961, norma suscrita el 4 de agosto bajo el mandato de Gustavo Petro. El despacho ministerial enfatizó que dicha reglamentación previa vio la luz sin haber concluido el proceso formal de consulta previa con comunidades palenqueras, afrocolombianas, negras y raizales.
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- La figura de Reserva Forestal contemplada en la Ley 2.ª de 1959.
- El sistema de parques nacionales naturales.
- Las sentencias judiciales que catalogaron a la Amazonía como sujeto de derechos.
El Ministerio de Ambiente precisó que una vez finalice la consulta comunitaria y culminen los análisis de orden técnico, se podrán estructurar determinaciones adicionales para el bioma. Entretanto, la controversia escaló al plano judicial luego de que la organización Derecho Vivo, promotora original del esquema de protección, radicó una demanda de nulidad contra la resolución revocatoria ante el Consejo de Estado.
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