Puerto Asís, Putumayo – Un Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ha ordenado la suspensión temporal del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo. La medida cautelar, emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo, busca recopilar información detallada sobre la operación antes de tomar una decisión de fondo sobre una acción de tutela interpuesta contra el Gobierno y diversas entidades estatales.
La Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social fue la entidad que presentó la tutela, argumentando una potencial afectación a derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua, un ambiente sano, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad.
Detalles de la suspensión y requerimientos judiciales
La orden judicial se produce apenas un día después de que la Policía Nacional confirmara el inicio de un plan piloto experimental, limitado y temporal en Putumayo, que contemplaba el uso de dos aeronaves AT-802 para la aspersión con el agroquímico. El juzgado ha establecido plazos perentorios para que las entidades involucradas entreguen la documentación y explicaciones solicitadas.
Información solicitada a diversas entidades
- En 24 horas: El Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo deben informar sobre los municipios y áreas incluidas en la zona de aspersión, entregar la cartografía correspondiente, detallar las hectáreas tratadas, los días de operación realizados y cuánto resta para alcanzar los límites establecidos (siete días y 1.000 hectáreas). También deben aclarar si se realizó la divulgación previa de cinco días contemplada en la Resolución 007 de 2026, presentar las pruebas de dicha divulgación y señalar si hay fechas programadas para reiniciar o continuar las aspersiones en los próximos diez días, adjuntando el anexo integral de la resolución y sus sustentos documentales.
- En dos días: El Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho tienen la obligación de entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sirvieron de base para la implementación del piloto. Además, deben proporcionar información sobre la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en las zonas afectadas y si se llevó a cabo algún proceso de consulta previa.
Adicionalmente, el juez ha exigido que se establezcan y documenten los posibles riesgos que la aspersión con glufosinato de amonio podría acarrear para la salud humana, las fuentes hídricas, la biodiversidad, la población de abejas y otros polinizadores, los cultivos lícitos de la región y los ecosistemas amazónicos, que son particularmente sensibles.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El requerimiento de información se extiende a otras instituciones clave, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Salud, Corpoamazonia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, y la Aeronáutica Civil. Cada una de estas entidades deberá aportar datos específicos dentro de sus competencias para que el despacho judicial pueda avanzar en el análisis de la tutela y definir el alcance definitivo de las medidas a adoptar.
El Putumayo: Un contexto de vulnerabilidad y conflicto
La decisión judicial no es un hecho aislado en el complejo panorama del Putumayo. Este departamento, ubicado en la región amazónica y limítrofe con Ecuador y Perú, ha sido históricamente un epicentro de cultivos de uso ilícito en Colombia. Su geografía, caracterizada por densas selvas y una baja presencia institucional en algunas áreas, ha facilitado la consolidación de economías ilegales que permean la vida de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La disputa por el control territorial, las rutas del narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales han generado un ciclo de violencia y desplazamiento. Las políticas de erradicación, tanto manual como aérea, han sido objeto de constante debate debido a sus impactos socioambientales y a la recurrente denuncia de afectaciones a la salud humana, los cultivos de subsistencia y el medio ambiente, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas vitales para las poblaciones locales. El glufosinato de amonio, aunque considerado menos persistente que el glifosato, genera preocupación por sus efectos en la salud humana y ecosistemas sensibles, especialmente en una región de alta biodiversidad como la amazónica.
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