Jota Pe Hernández propone ‘vaki’ para bolsas de abatidos en operativos

El senador Jota Pe Hernández ha generado una nueva controversia política al proponer una «vaki» (donación colectiva) a nivel nacional. La iniciativa tiene como objetivo financiar la adquisición de bolsas destinadas al manejo de cuerpos de presuntos criminales abatidos en operativos de la fuerza pública, en el marco de la política de seguridad implementada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La propuesta, difundida a través de un video, busca que los ciudadanos colombianos asuman este costo como una muestra de respaldo a las acciones militares y policiales contra estructuras armadas ilegales.

La Propuesta de Hernández y sus Implicaciones

Jota Pe Hernández, congresista de la Alianza Verde y autoproclamado cercano al actual Gobierno, estimó la necesidad de aproximadamente 30.000 bolsas, con un costo individual proyectado en $30.000. Este cálculo, basado en sus propias apreciaciones, no corresponde a un presupuesto oficial del Estado. Según Hernández, esta medida representaría un ahorro para las arcas públicas y consolidaría el apoyo ciudadano a las operaciones que, según el Gobierno, están desmantelando organizaciones criminales en el país.

La iniciativa del senador Hernández se inscribe en un contexto de intenso debate público. En los últimos días, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido objeto de cuestionamientos por la difusión de imágenes en las que el propio presidente aparece junto a cuerpos cubiertos con bolsas o lonas blancas tras operativos exitosos. Estas acciones han provocado una oleada de reacciones, desde el respaldo explícito de algunos sectores hasta la crítica de figuras como Jaime Bayly y Daniel Coronell, quienes han calificado las escenas de «grotescas» y «farsa macabra», respectivamente.

Antecedentes de la Controversia: Operaciones en Guaviare y La Guajira

Dos episodios recientes han sido el epicentro de la polémica y sirven como telón de fondo para la propuesta del senador Hernández:

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Operación Azarías en Miraflores, Guaviare

Desarrollada contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias, bajo el mando de alias Iván Mordisco, esta operación dejó un balance reportado por Presidencia de 23 integrantes de la estructura muertos y seis capturados, además de la incautación de armamento y material de guerra. Entre los fallecidos se encontraba alias Tigre o Pintado, señalado como cabecilla de la organización. Sin embargo, la polémica escaló cuando Medicina Legal confirmó la presencia de dos menores de edad entre los cuerpos recibidos. La imagen del presidente De la Espriella caminando entre los cuerpos cubiertos fue duramente criticada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que el Estado no debe caer en una «demostración de crueldad» al nivel de los grupos criminales.

Operación Centinela en Riohacha, La Guajira

Posteriormente, un hecho similar ocurrió en Riohacha. La Policía informó la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En el operativo también fallecieron su pareja, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas. De nuevo, el presidente De la Espriella se dirigió a los medios con los cuatro cuerpos cubiertos con bolsas blancas a su espalda, defendiendo los resultados como un golpe al narcotráfico y la extorsión en el Caribe.

Contexto Político y Social en Colombia

La propuesta del senador Jota Pe Hernández y las controvertidas imágenes difundidas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella se enmarcan en un periodo de alta tensión y redefinición de la política de seguridad en Colombia. Históricamente, el país ha lidiado con la presencia y accionar de grupos armados ilegales, lo que ha generado debates recurrentes sobre la proporcionalidad, la ética y la visibilidad de los operativos militares y policiales. La aparición de altos funcionarios junto a cuerpos de combatientes dados de baja evoca memorias de periodos pasados donde la exhibición de resultados operacionales se mezclaba con cuestionamientos sobre el respeto a la dignidad humana, incluso la de aquellos considerados como «enemigos del Estado».

En el suroccidente colombiano, por ejemplo, regiones como Cauca, Valle del Cauca y Guaviare (aunque esta última geográficamente más hacia el centro-oriente) han sido escenarios recurrentes de confrontaciones armadas y presencia de grupos disidentes de las FARC, bandas criminales y estructuras ligadas al narcotráfico. La visibilidad de los resultados operacionales en estas zonas, a menudo golpeadas por la violencia y con desafíos socioeconómicos significativos, genera un amplio espectro de reacciones. Mientras algunos sectores de la opinión pública demandan mano dura y celebran la contundencia militar, otros exigen el estricto cumplimiento de protocolos internacionales en el manejo de cuerpos y el respeto a los derechos humanos, incluso en el contexto de la guerra. La propuesta de Hernández, en este escenario, busca capitalizar el sentimiento de respaldo a la fuerza pública que existe en una parte de la ciudadanía, ofreciendo una vía para la participación directa en la logística de la confrontación armada.

Reacciones y Posicionamientos

La propuesta del senador Hernández ha polarizado aún más la discusión. Mientras algunos ciudadanos expresan su disposición a «donar bolsas» como símbolo de apoyo a las Fuerzas Militares y la Policía, otros sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y analistas políticos han manifestado preocupación por la deshumanización implícita en la iniciativa y la forma en que el Gobierno está gestionando la comunicación de sus resultados. La pregunta central que subyace es si la exhibición de cadáveres y la posterior propuesta de financiar su manejo contribuyen a la pacificación del país o, por el contrario, exacerban la polarización y normalizan prácticas que podrían ir en detrimento de la dignidad humana y el derecho internacional humanitario.