El Tribunal Superior Militar y Policial, parte de la Justicia Militar colombiana, emitió un enérgico pronunciamiento en respuesta a las recientes declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez. La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había afirmado que la Justicia Penal Militar funcionó como un “mecanismo de encubrimiento” en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública por graves violaciones a los derechos humanos.
Tribunal exige pruebas ante señalamientos
Las afirmaciones de la magistrada Díaz Gómez, realizadas durante una entrevista con el diario El Espectador, generaron una inmediata reacción por parte de la corporación militar judicial. Aunque el Tribunal Superior Militar y Policial manifestó su respeto por el trabajo y la independencia de la JEP, cuestionó la generalización de la acusación hacia la Justicia Penal Militar en su totalidad.
“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, indicó el Tribunal.
La corporación instó a la JEP a presentar las pruebas que sustenten las aseveraciones de la magistrada Díaz. Además, invitó a la magistrada a formalizar sus denuncias ante las autoridades competentes y a aportar datos sobre los funcionarios judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial que presuntamente habrían encubierto procesos contra integrantes de la Fuerza Pública. El Tribunal considera que tales afirmaciones afectan el buen nombre de su jurisdicción.
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En su comunicado, el Tribunal Superior Militar y Policial expuso datos para refutar las acusaciones. Subrayó que durante los últimos cuatro años, la Justicia Penal y Militar ha emitido diversas sentencias en segunda instancia, de las cuales:
- 536 han sido condenatorias.
- 135 han sido absolutorias.
Estas sentencias no solo corresponden a delitos militares, sino también a crímenes comunes como homicidios, lesiones personales y delitos contra la administración pública. El Tribunal destacó que estas cifras entre 2022 y 2026 superan la cantidad de sentencias emitidas por la JEP en más de ocho años de funcionamiento.
“Son cifras que difieren meridianamente de las emitidas por la JEP en más de 8 años de funcionamiento. La Justicia Penal Militar y Policial tiene raigambre constitucional y en todos los casos actuamos bajo los principios de autonomía, independencia e imparcialidad y el debido respeto a los derechos humanos y al DIH”, añadió el Tribunal.
Mensaje sobre el presupuesto de la JEP
El Tribunal Superior Militar y Policial concluyó su misiva con un mensaje dirigido a la JEP, afirmando que continuará cumpliendo sus funciones constitucionales con un presupuesto notablemente inferior al del tribunal transicional. Esta observación se produce en el contexto del debate sobre el Presupuesto General de la Nación para el año 2027, donde se plantea una posible reducción de $170.000 millones destinados a la JEP, una situación que ha generado protestas por parte de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli.
“La Justicia Penal Militar y Policial continuará, con un presupuesto minúsculo comparado con el de la Justicia Especial para la Paz, cumpliendo su mandato constitucional con transparencia y verdadero sometimiento a la ley”, puntualizó el Tribunal.
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