Invías propone cobro de $5 billones por valorización en el Eje Cafetero y genera rechazo

Una nueva polémica sacude al Eje Cafetero ante la propuesta del Instituto Nacional de Vías (Invías) de imponer un cobro de valorización que asciende a 5 billones de pesos, afectando a 579.683 predios ubicados en los departamentos de Tolima, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. La medida, que busca financiar un paquete de obras viales, incluyendo el Túnel de La Línea y otras infraestructuras, ha desatado un rechazo generalizado por parte de gremios, autoridades locales y la ciudadanía, quienes denuncian inconsistencias técnicas, jurídicas y un posible «zarpazo fiscal» antes del cambio de gobierno.

La propuesta del Invías y el alcance del cobro

El Invías ha puesto en consideración un borrador de resolución que plantea la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización. Este mecanismo legal permite al Estado recuperar parte de la plusvalía generada en los bienes inmuebles como consecuencia de la construcción de obras públicas. Sin embargo, en el caso del Eje Cafetero, la propuesta ha sido catalogada como arbitraria y carente de sustento por diversos sectores.

Los predios afectados se concentran principalmente en Quindío, incluyendo municipios como Calarcá, Armenia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y Circasia. El cobro no solo contempla el icónico Túnel de La Línea, sino también otras intervenciones viales en Risaralda, Tolima y el norte del Valle.

Voces de rechazo: inconsistencias y desconfianza

La reacción en el Eje Cafetero no se ha hecho esperar. La Cámara de Comercio, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el gobernador del departamento y representantes a la cámara han manifestado su oposición unánime a la iniciativa del Invías. El presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela, ha sido enfático al señalar una serie de «inconsistencias técnicas, jurídicas y procedimentales» en el proceso de aplicación de la contribución.

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Argumentos clave del rechazo:

Falta de claridad sobre el proyecto: Se cuestiona la existencia de un proyecto único e integral que justifique el cobro de valorización, un requisito fundamental para la legalidad de este tipo de contribuciones.
Inclusión de obras terminadas y sin definir: La propuesta incluiría obras que ya fueron finalizadas hace varios años, junto con proyectos en distintas fases de ejecución, diseño o incluso mantenimiento. Esto contraviene la Ley 1819 de 2016, que establece requisitos claros para la aplicación de la valorización.
Beneficio directo cuestionado: Existe una insuficiente demostración del beneficio directo que recibirían numerosos predios, especialmente aquellos ubicados lejos de las obras o cuando parte significativa de la infraestructura se localiza fuera de la jurisdicción departamental. Para muchos, la presencia de una autopista irregular o una obra inconclusa representa una desvalorización palpable, no una plusvalía.
Deficiencias metodológicas: Se han identificado falencias en la delimitación de la zona de influencia y en la metodología empleada para estimar el beneficio económico y la capacidad de pago de los propietarios.
Duplicidad de financiación: Gran parte de las obras que se pretenden cobrar por valorización ya habrían sido financiadas con impuestos nacionales, lo que significaría un doble gravamen para los ciudadanos.

Contexto socioeconómico y político en la región

La controversia alrededor de este cobro de valorización no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto regional y nacional complejo. El Eje Cafetero, una zona tradicionalmente agrícola y turística, ha visto cómo la infraestructura vial, aunque vital para su desarrollo económico, ha sido históricamente un foco de demoras, sobrecostos y frustraciones. El Túnel de La Línea, por ejemplo, es un símbolo de la ingeniería colombiana, pero también de los desafíos en la ejecución de grandes proyectos, con décadas de construcción y múltiples inconvenientes.

La figura de la valorización, aunque legalmente establecida, suele generar resistencia en Colombia debido a la percepción de que las obras financiadas no siempre cumplen con las expectativas o que los beneficios no son equitativos. Casos anteriores de valorización en Armenia han dejado «malos recuerdos», como señalan las fuentes, lo que exacerba la desconfianza ciudadana frente a nuevas propuestas. La coyuntura política, con un gobierno nacional saliente, agrega una capa de sospecha, pues muchos interpretan la medida como una decisión de último minuto que busca recaudar fondos sin la debida justificación o consenso.

La Sociedad de Ingenieros del Quindío y otros gremios han puesto a disposición el correo atencionciudadano@invias.gov.co para que los ciudadanos y las organizaciones envíen sus observaciones al borrador de resolución. Esta acción busca presionar al Invías para que reconsidere su postura y realice una revisión integral del proyecto, evitando así lo que consideran un «despropósito» y un acto de «desobediencia civil» latente en la región.