HRW exige a De la Espriella frenar reclutamiento infantil en Colombia

BOGOTÁ – Human Rights Watch (HRW) ha emitido un contundente llamado al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que aborde con urgencia el incremento exponencial del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. La organización internacional, en un informe reciente, destaca que al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido captados desde 2021, con una preocupación creciente por el uso de redes sociales como herramienta clave para esta práctica.

El documento de HRW, titulado «Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá», subraya que las cifras oficiales, sustentadas en datos de la Defensoría del Pueblo, revelan un marcado aumento de casos a partir de 2023. La mayoría de estas captaciones se atribuyen a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Radiografía de una crisis creciente

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, enfatizó la gravedad de la situación: «Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz». Goebertus añadió que cada menor reclutado representa un «indicio del fracaso del gobierno» en su deber de protección.

Según el informe, la edad promedio de reclutamiento entre 2016 y 2025 fue de 15 años. No obstante, más del 30% de los casos reportados entre 2020 y 2025 involucran a niños de entre 10 y 14 años, y funcionarios de protección infantil han documentado un número creciente de casos de menores de tan solo 9 o 10 años. Este panorama es especialmente alarmante, considerando que el reclutamiento de menores de 15 años constituye un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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Factores de Vulnerabilidad y Mecanismos de Captación

El estudio de HRW detalla cómo los grupos armados y criminales explotan la pobreza, la exclusión social y las barreras al acceso a la educación. Estos factores crean un terreno fértil para el reclutamiento, donde los menores son seducidos con promesas de poder, dinero y prestigio.

Una revelación crucial del informe es la intensificación del uso de plataformas digitales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que en 2025, casi la mitad (44%) de los niños reclutados lo fueron a través de redes sociales como TikTok y Facebook. Estas plataformas ofrecen un canal directo y aparentemente seguro para contactar a jóvenes vulnerables, evadiendo controles y facilitando la manipulación.

Una vez captados, los menores suelen ser alejados de sus lugares de origen para cortar lazos familiares y comunitarios, dificultando su escape y reinserción. Las tareas asignadas varían: los niños son utilizados en combates o en el manejo de drones, mientras que las niñas están expuestas de manera particular a la violencia sexual.

Un problema histórico con nuevas aristas en Colombia

El reclutamiento forzado de menores no es un fenómeno nuevo en Colombia. Por décadas, el conflicto armado ha instrumentalizado a niños, niñas y adolescentes, privándolos de su infancia y futuros. Sin embargo, la persistencia de este flagelo, incluso tras el Acuerdo de Paz con las FARC, y la emergencia de nuevas disidencias y grupos armados organizados, han reavivado esta problemática. La región suroccidental del país, incluyendo departamentos como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ha sido históricamente una de las más afectadas debido a la presencia de corredores estratégicos para economías ilícitas y la disputa territorial entre diversos actores armados. La fragilidad estatal en zonas rurales y el recrudecimiento de la violencia en el posconflicto facilitan la expansión de estos grupos y su capacidad para cooptar a la juventud vulnerable, exacerbando la crisis humanitaria.

Recomendaciones urgentes de HRW

La ONG ha formulado una serie de recomendaciones al gobierno de Abelardo de la Espriella, instando a la acción coordinada y decidida:

Fortalecer la política pública de prevención del reclutamiento de menores.
Asegurar un presupuesto suficiente y sostenible para los programas de protección.
Reforzar la coordinación institucional entre todas las entidades involucradas.
Mejorar los sistemas de control y alerta temprana para identificar y prevenir casos.

HRW también extiende su solicitud de colaboración al Congreso, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los operadores de redes sociales y a gobiernos internacionales clave como los de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, subrayando la necesidad de una respuesta multifacética y globalizada ante esta grave violación de derechos humanos.