Bogotá, Colombia – Una advertencia del exsuperintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, ha puesto en alerta al sector hospitalario colombiano. Según Aristizábal, un porcentaje alarmante de prestadores de servicios de salud, que supera el 80%, enfrenta un riesgo inminente de quedar desprotegido ante futuras demandas por responsabilidad médica. La preocupación se centra en las características de las pólizas actuales y la complejidad del sistema de reclamaciones.

La Advertencia de Aristizábal: Pólizas «Claims Made» y Vacíos de Cobertura

La preocupación principal del exfuncionario radica en la proliferación de pólizas de responsabilidad civil profesional bajo la modalidad «claims made». Este tipo de seguro cubre únicamente los incidentes que son reportados durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuándo ocurrió el evento que originó la demanda. El problema surge cuando las demandas por responsabilidad médica pueden presentarse hasta diez años después de ocurrido el presunto daño. Un cambio frecuente de aseguradora o la no renovación de una póliza bajo esta modalidad podría dejar a un hospital o clínica sin respaldo financiero para enfrentar reclamaciones que, legalmente, aún son válidas.

Aristizábal subraya que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) ha reportado el cierre de más de 514.000 reclamaciones solo entre enero y marzo de 2026. Aunque no todas estas reclamaciones derivan en demandas con indemnizaciones millonarias, la cifra ilustra la magnitud del volumen de inconformidades y la exposición legal constante a la que están sometidas las instituciones de salud.

El Contexto Colombiano: Vulnerabilidad del Sistema de Salud

La alerta del exsuperintendente se inscribe en un momento de particular fragilidad para el sistema de salud colombiano. La Ley 100 de 1993, que reformó el sistema, ha sido objeto de constantes debates y modificaciones, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el acceso universal a servicios de calidad. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como el subfinanciamiento crónico, la liquidación de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la creciente judicialización de la atención médica.

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El Valle del Cauca, por ejemplo, ha sido históricamente un epicentro de complejidades en el sector salud. Cali, como su capital, alberga una red hospitalaria robusta pero también ha sido escenario de cierres de clínicas y dificultades financieras en prestadores públicos y privados. La combinación de una alta demanda de servicios, las limitaciones presupuestarias y la presión legal hacen que cualquier vacío en la cobertura de riesgos, como el señalado por Aristizábal, tenga un impacto magnificado en esta región y en otras con problemáticas similares, como Nariño o el Cauca, donde la infraestructura de salud es más precaria y la capacidad de afrontar contingencias financieras es limitada.

La crisis de algunas EPS, que arrastran deudas millonarias con hospitales y clínicas, agrava la situación. La falta de pagos oportunos compromete la liquidez de los prestadores, haciendo aún más crítica la necesidad de una protección robusta ante demandas por responsabilidad, que pueden representar erogaciones significativas e inesperadas.

Implicaciones para Hospitales y Pacientes

Las posibles consecuencias de esta situación son amplias y preocupantes:

  • Riesgo Financiero para Prestadores: Hospitales y clínicas, especialmente aquellos con recursos limitados, podrían enfrentar quiebras o dificultades severas para operar si deben afrontar indemnizaciones millonarias sin el respaldo de una póliza.
  • Deterioro de la Calidad del Servicio: La preocupación por las demandas podría llevar a prácticas defensivas en la medicina, afectando la relación médico-paciente y, en última instancia, la calidad de la atención.
  • Incertidumbre para las Víctimas: Si un hospital no cuenta con la cobertura adecuada, las víctimas de negligencia médica podrían enfrentar dificultades para obtener una justa compensación, prolongando los procesos legales y generando mayor frustración.
  • Impacto en el Personal de Salud: Los profesionales de la salud también se ven afectados, pues su práctica se desarrolla en un entorno de creciente riesgo legal y financiero para las instituciones que los emplean.

Un Llamado a la Acción y la Revisión Normativa

La advertencia de Aristizábal no solo destaca un problema de cobertura, sino que también implica una falencia en la articulación entre el sistema de aseguramiento, la práctica médica y el marco legal. Es fundamental que las aseguradoras, los prestadores de servicios de salud y los organismos de control trabajen de manera coordinada para revisar los términos de estas pólizas.

Se hace necesario un análisis profundo de la idoneidad de las pólizas «claims made» para un sector con tiempos de reclamación tan extendidos como el de la salud. Alternativas como las pólizas «occurrence», que cubren eventos ocurridos durante la vigencia sin importar cuándo se haga la reclamación, o mecanismos híbridos, podrían ofrecer una mayor protección. La transparencia en la información sobre las coberturas y las exclusiones de las pólizas es crucial para que los hospitales tomen decisiones informadas. Además, la Superintendencia Financiera, junto con la Superintendencia de Salud, tienen un rol clave en la supervisión de estos productos para garantizar una protección efectiva.

La sostenibilidad del sistema de salud colombiano no solo depende de la financiación y la gestión de las EPS, sino también de la capacidad de sus hospitales y clínicas para gestionar riesgos inherentes a su actividad. La alerta de Fabio Aristizábal es un recordatorio de la necesidad de una mirada integral y preventiva para evitar una crisis de mayores proporciones en el futuro cercano.

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