Histórica judicialización por zoofilia en Colombia: imputado a prisión

La Fiscalía General de la Nación ha marcado un hito en la protección animal en Colombia al lograr la primera judicialización por acceso carnal a un animal. Edwin Lionicio Vélez Cardozo fue imputado por este delito y por lesiones graves contra una canina llamada ‘Luna’ en San Vicente de Chucurí, Santander, y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este caso representa la primera aplicación de la Ley 2627 de 2026, una normativa reciente que tipifica el acceso carnal a animales como un delito independiente dentro del Código Penal colombiano. La decisión de la juez de control de garantías de enviar a Vélez Cardozo a prisión preventiva subraya la seriedad con la que el sistema judicial comienza a abordar estas conductas.

Detalles de la imputación y la afectación a la canina

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2026. Vélez Cardozo habría retenido a ‘Luna’ en el barrio Campestre de San Vicente de Chucurí, para luego trasladarla a su residencia donde, presuntamente, cometió actos sexuales con el animal.

La evidencia física y los elementos materiales probatorios recopilados por el ente investigador fueron cruciales para la imputación. La canina ‘Luna’ presentó un cuadro clínico alarmante, incluyendo:

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Sangrado e inflamación en diversos órganos.
Cambios drásticos en su comportamiento habitual, como disminución de actividad y de ingesta de alimento.
Conductas de aislamiento y huida ante la aproximación de personas.

La Fiscalía enfatizó que las acciones atribuidas al procesado causaron problemas crónicos en la salud y la integridad física de ‘Luna’, lo que sustenta el cargo de lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal, en concurso con el delito de acceso carnal.

El rol del Grupo Gelma y la postura del imputado

El proceso legal fue impulsado por un fiscal de la Seccional Santander, quien contó con el apoyo fundamental del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma). Esta unidad especializada de la Fiscalía ha sido clave en la investigación y judicialización de casos de crueldad animal a nivel nacional, consolidando su papel en la aplicación de la legislación vigente en materia de protección de fauna.

Durante la audiencia ante la juez con función de control de garantías, Edwin Lionicio Vélez Cardozo no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. A pesar de su no aceptación, la contundencia de las pruebas presentadas llevó a la juez a dictar medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión implica que Vélez Cardozo deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial, garantizando así la continuidad de la investigación y la protección de la evidencia. Es importante recalcar que esta medida es preventiva y no constituye una condena definitiva.

Contexto legislativo: La Ley 2627 de 2026 y la protección animal en Colombia

La judicialización de Vélez Cardozo se da en el marco de la reciente Ley 2627 de 2026, una legislación que representa un avance significativo en la tipificación y penalización de la zoofilia en Colombia. Antes de esta norma, la legislación en protección animal era más difusa respecto a esta conducta específica. La Ley 2627 incorporó explícitamente el delito de acceso carnal a animales al Código Penal, estableciendo sanciones específicas que incluyen penas de prisión y otras consecuencias jurídicas, así como circunstancias de agravación para casos particulares.

Esta nueva normativa surge de un creciente clamor social y político por una mayor protección de los derechos de los animales, reflejando una evolución en la conciencia colectiva sobre el respeto y el bienestar animal. Su implementación marca un antes y un después en la persecución de delitos que, históricamente, habían permanecido en una zona gris legal o eran sancionados de forma insuficiente. La acción de la Fiscalía en este caso demuestra la operatividad de la ley y el compromiso de las autoridades con su aplicación rigurosa.

Santander y el marco de la judicialización

El departamento de Santander, donde ocurrieron los hechos y se llevó a cabo esta primera judicialización, es una región con una dinámica socioeconómica diversa en Colombia. Caracterizado por su vocación agrícola, ganadera e industrial, también ha visto un incremento en la conciencia ciudadana sobre temas de bienestar animal, como en muchas otras zonas del país. La respuesta judicial en San Vicente de Chucurí no solo establece un precedente legal a nivel nacional, sino que también envía un mensaje contundente a la comunidad sobre la intolerancia hacia cualquier forma de maltrato animal, incluyendo la agresión sexual.

Este caso pionero refuerza la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Policía y las organizaciones defensoras de animales para garantizar que las leyes de protección se apliquen efectivamente, transformando el marco legal en acciones concretas que salvaguarden la vida y la integridad de los animales en todo el territorio colombiano.