Medellín, Colombia – El exportero de la Selección Colombia, René Higuita, ha reafirmado su determinación de interponer todas las acciones legales disponibles para controvertir la resolución judicial que dictaminó la extinción de dominio sobre una de sus propiedades en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. El proceso, que se ha extendido por más de dos décadas, culminó con la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, que vincula el inmueble a una presunta red de testaferrato.

Higuita, figura emblemática del fútbol nacional y de Atlético Nacional, sostiene que la adquisición de dicha vivienda, realizada en 1993, se efectuó de ‘manera legal’ y de ‘buena fe’, aspecto que la justicia ahora pone en entredicho al considerarla parte de un esquema para ocultar activos ilícitos. La situación ha generado un debate sobre la responsabilidad en la adquisición de bienes y la compleja maquinaria judicial en casos de extinción de dominio.

El origen de la disputa: 20 años de investigación

El proceso legal sobre la propiedad en El Poblado, situada detrás del Hotel Intercontinental, no es reciente. Ha transcurrido más de 20 años desde que las autoridades iniciaron la investigación sobre el origen del inmueble. Según los hallazgos de la Fiscalía, la propiedad de 1.253 metros cuadrados fue inicialmente adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien presuntamente actuaba como testaferro de William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, figuras asociadas al extinto Cartel de Medellín.

La investigación judicial ha logrado establecer, a través de testimonios, documentos y un estudio grafológico, que una firma presuntamente falsa en una escritura pública facilitó una serie de transferencias del bien. Esta cadena de transacciones culminó con la adquisición del inmueble por parte de René Higuita y un familiar. A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exportero ha mantenido siempre su versión de haber actuado en estricta legalidad y desconocimiento de los orígenes ilícitos que ahora se le atribuyen al bien.

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La defensa de Higuita: ‘No he prestado mi nombre’

René Higuita ha sido enfático en su comunicación pública con relación a este caso. Si bien manifestó su respeto por la decisión judicial, insistió en que su nombre nunca ha estado implicado en actividades de testaferrato ni ha servido para encubrir el origen ilícito de bienes. Destacó que la medida de extinción de dominio recae exclusivamente sobre el inmueble, no sobre su persona, lo que, según sus declaraciones, refuerza su postura de inocencia en cualquier acción delictiva.

El daño, según Higuita, es fundamentalmente de carácter económico. Argumenta que en su momento permutó la propiedad por los dineros correspondientes a otros dos apartamentos, lo que representa un perjuicio directo y considerable para su patrimonio. Por ello, su determinación es férrea en acudir a todos los mecanismos legales disponibles para controvertir la decisión y demostrar el legítimo patrimonio que, asegura, posee.

Contexto de extinción de dominio en Colombia

El caso de René Higuita no es un hecho aislado en Colombia, un país que ha luchado históricamente contra estructuras criminales y la infiltración de dineros ilícitos en la economía formal. La figura de la extinción de dominio, una herramienta jurídica robusta, ha sido clave en esta batalla, permitiendo al Estado privar a individuos de bienes adquiridos con recursos de actividades delictivas, sin necesidad de que exista una condena penal previa.

En el Valle de Aburrá, donde se ubica Medellín, la criminalidad organizada ha permeado diversos sectores económicos a lo largo de décadas. Desde el Cartel de Medellín hasta las ‘Oficinas de Cobro’ y grupos armados post-desmovilización, la necesidad de lavar activos y ocultar fortunas ha impulsado complejos entramados de testaferrato. La extinción de dominio busca desmantelar estas redes financieras, pero no está exenta de controversias, especialmente cuando personas sin aparente vinculación directa con el crimen organizado se ven afectadas al haber adquirido propiedades que, sin su conocimiento, estuvieron manchadas por dineros ilegales en el pasado. Este contexto subraya la complejidad de los procesos judiciales y la importancia de la debida diligencia en la adquisición de bienes de alto valor.

Próximos pasos legales

La defensa de René Higuita se prepara para agotar las instancias de apelación y revisión que el sistema judicial colombiano ofrece. La intención es presentar nuevas pruebas o reinterpretar las existentes con el objetivo de demostrar que la adquisición de la casa se realizó sin mácula legal y que el exfutbolista no debe asumir las consecuencias de transacciones ilícitas que lo precedieron. La batalla legal continuará, y el desenlace de este caso pondrá a prueba la eficacia y equidad de los mecanismos de extinción de dominio en Colombia.

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