Bogotá, Colombia – La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha elevado una solicitud formal al Gobierno Nacional para implementar un «plan de choque» que asegure la continuidad y recuperación de los servicios de salud en las regiones impactadas por un reciente evento sísmico. La petición, dirigida a la ministra de Salud, Ana María Vesga, busca establecer medidas financieras extraordinarias que prevengan una crisis hospitalaria y salvaguarden la capacidad operativa de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Propuestas Clave para la Sostenibilidad Hospitalaria
El gremio de hospitales y clínicas ha articulado una serie de alternativas concretas para enfrentar la emergencia. Estas propuestas se centran en garantizar el flujo de caja, mantener la planta de personal y facilitar la reconstrucción de infraestructuras, elementos cruciales para la reactivación post-desastre.
- Pago por Disponibilidad: Se propone establecer un mecanismo de pago por disponibilidad, cuyo monto sería definido en función del nivel de afectación de cada institución. Este sistema permitiría a las IPS sostener su talento humano, incluso si los daños sufridos limitan temporalmente su capacidad de prestar servicios y, por ende, de generar ingresos habituales.
- Mecanismo Excepcional para Empleos: Ante el impacto que la emergencia ha tenido también en los trabajadores de las instituciones afectadas, la ACHC plantea la necesidad de un mecanismo extraordinario que garantice la sostenibilidad de los empleos durante el proceso de recuperación de la capacidad de atención.
- Créditos Blandos para Reconstrucción: Se sugiere habilitar líneas de crédito blandas para la reconstrucción de las IPS. El gremio identifica a Findeter como una fuente potencial para estos créditos, proponiendo que sean financiados con recursos derivados de la emergencia y facilitando el acceso a la banca pública. Complementariamente, se pide gestionar con entidades financieras privadas ajustes excepcionales en la evaluación de riesgos para las IPS afectadas, ampliando así sus oportunidades de financiación.
- Utilización de ADRES como Garante: Una de las propuestas implica que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actúe como garante, siguiendo el mecanismo establecido en la Resolución 2769 de 2025. Esto facilitaría el acceso a créditos de IPS públicas, privadas y mixtas con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, respaldados por los recursos que los prestadores reciben a través del giro directo.
- Prelación en el Giro Directo: Se plantea establecer una prelación en el giro directo para las IPS ubicadas en las zonas de desastre. Esto implicaría que estas instituciones sean beneficiarias preferentes del giro directo del 90% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la Superintendencia Nacional de Salud a cargo de la vigilancia y garantía del proceso.
- Uso Provisional de Reservas Técnicas de EPS: Finalmente, la asociación propuso utilizar provisionalmente una parte de las reservas técnicas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a junio de 2026, estas reservas ascendían a cerca de $6,4 billones. La idea es destinar excepcionalmente una porción de estos recursos para financiar las medidas propuestas y otra para saldar cartera antigua de las IPS, generando liquidez inmediata y contribuyendo a su recuperación.
Contexto de Fragilidad del Sistema de Salud Colombiano
Este llamado de la ACHC se inserta en un panorama ya complejo para el sistema de salud colombiano. La infraestructura hospitalaria en muchas regiones, especialmente en el suroccidente del país —que incluye departamentos como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño—, ha enfrentado históricamente desafíos significativos, desde la obsolescencia de equipos hasta la precariedad de las edificaciones y la inestabilidad financiera. Regiones como Popayán, capital del Cauca, a menudo se encuentran en el epicentro de eventos sísmicos debido a su ubicación geográfica en una zona de alta actividad telúrica, lo que agrava la vulnerabilidad de sus servicios públicos esenciales, incluyendo la salud.
La capacidad de respuesta ante emergencias en estas zonas depende críticamente de la solidez de sus hospitales. Sin embargo, el sistema de salud nacional ha sido objeto de constantes debates sobre su sostenibilidad financiera y la calidad de la prestación, especialmente con las discusiones en curso sobre una posible reforma. Un evento sísmico de magnitud, que puede desestabilizar la infraestructura física y financiera de las IPS, expone las debilidades estructurales y amenaza con desbordar la capacidad de atención, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a servicios médicos vitales. La petición de un «plan de choque» no solo es una respuesta inmediata a un desastre natural, sino también un reflejo de la necesidad persistente de fortalecer la resiliencia del sistema de salud frente a cualquier eventualidad.
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La implementación de estas medidas, de ser aprobadas, podría significar un salvavidas para múltiples instituciones de salud. La inyección de capital y la garantía de sostenibilidad de empleos y servicios son esenciales para evitar un colapso en la atención médica en las zonas afectadas. La ACHC subraya que la pronta acción del Gobierno es crucial para mitigar los efectos a largo plazo del sismo sobre la salud pública y la estabilidad económica de las IPS.
La respuesta a esta solicitud será un indicador de la capacidad del Estado para reaccionar eficazmente ante emergencias, protegiendo un sector fundamental como el de la salud, y de la voluntad política para asegurar la operación de un sistema que ya se encuentra bajo presión constante.
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