El presidente Abelardo De La Espriella ha intensificado su postura respecto a la operación de los sistemas de fotodetección en Colombia, anunciando una revisión a nivel nacional que ya arroja sus primeros resultados. La medida surge tras la identificación de aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que habrían sido generadas de manera irregular, lo que pone en entredicho la transparencia y legalidad de estos mecanismos de control de tránsito.

La directriz presidencial, impartida al Ministerio de Transporte y ejecutada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), busca depurar un sistema que, según el mandatario, debe priorizar la seguridad vial sobre cualquier interés comercial. Este anuncio se hizo público durante la mañana del domingo 6 de septiembre, detallando los avances iniciales de esta iniciativa.

La Operación Cartago: Un Precedente en el Valle

Uno de los primeros municipios en sentir el impacto de esta revisión fue Cartago, ubicado en el norte del Valle del Cauca. En esta localidad, las autoridades impidieron la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la normatividad vigente. Este caso se erige como un claro ejemplo de la determinación gubernamental para aplicar rigurosamente la ley.

El Valle del Cauca, y en particular ciudades como Cali, ha sido históricamente un epicentro de debates y controversias en torno a las fotomultas. La región, caracterizada por su alta densidad vehicular y su infraestructura vial en constante mejora, ha experimentado un aumento significativo en la implementación de estos dispositivos. Sin embargo, la percepción ciudadana a menudo ha oscilado entre la aceptación de su función disuasoria y la crítica por lo que algunos consideran un afán recaudatorio. La intervención en Cartago no solo atiende una irregularidad puntual, sino que también envía un mensaje contundente sobre la necesidad de legitimidad en estos procesos en todo el territorio nacional.

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Hallazgos Preliminares y Compromiso Gubernamental

La revisión preliminar de la ANSV ha sido crucial para destapar el alcance de las posibles anomalías. Más allá de los 40.000 comparendos irregulares, la investigación también identificó 12 dispositivos cuyas autorizaciones están actualmente en proceso de revocatoria. Esta situación se debe a cambios en la competencia de las autoridades de tránsito, un factor que subraya la complejidad legal y administrativa que rodea la operación de estas tecnologías.

El presidente De La Espriella enfatizó la importancia de esta medida a través de su cuenta en la red social X, declarando: “¡Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos! Ordené a la Agencia Nacional de Seguridad Vial una revisión nacional de los sistemas de fotodetección y ya tenemos los primeros resultados”. Esta declaración sintetiza la filosofía detrás de la intervención y el objetivo de restaurar la confianza pública en estos mecanismos.

Próximos Pasos en la Auditoría de Fotodetección

La cifra de comparendos bajo sospecha está siendo contrastada con la información del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Esta verificación es fundamental para determinar las acciones jurídicas pertinentes frente a cada caso cuestionado. Adicionalmente, la revisión exhaustiva busca identificar otros puntos en el país donde los dispositivos pudieran haber operado sin la debida autorización o registro oficial de su funcionamiento.

El Gobierno también ha manifestado su intención de colaborar estrechamente con el Ministerio de Transporte para establecer una nueva reglamentación sobre estos sistemas. Este esfuerzo legislativo y regulatorio aspira a cerrar cualquier vacío legal que permita la operación irregular o el uso indebido de las fotomultas. Asimismo, se pondrá “la lupa” sobre los vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para detectar infracciones sin la presencia de agentes de tránsito, verificando que cuenten con las autorizaciones requeridas.

En mayo de 2026, el Ministerio de Transporte ya había alertado sobre la magnitud del problema, informando que más de 7.5 millones de fotomultas estaban bajo revisión, y de estas, aproximadamente 5.8 millones podrían ser objeto de revocatoria de oficio. Estas cifras evidencian la escala del desafío y la urgencia de una intervención decidida.

El presidente De La Espriella concluyó su pronunciamiento con un mensaje claro: “La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos. Menos discursos y más resultados”. Esta afirmación subraya el compromiso del gobierno con la efectividad, la legalidad y la ética en la implementación de las políticas de seguridad vial en Colombia.

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