Durante las conversaciones sobre la ley de reforma y ajuste fiscal entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, el Gobierno Nacional mostró disposición para retirar el cobro de IVA a la medicina prepagada. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Santiago Castro, integrante de la Comisión Tercera, quien precisó que el tributo no cuenta con viabilidad política para superar los debates legislativos.
Consenso político para excluir el gravamen en salud
De acuerdo con Castro, las mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda evidencian que el gravamen a los planes adicionales de salud quedará descartado desde las primeras instancias de concertación. El congresista explicó que el Ejecutivo exhibió cálculos a los ponentes donde ya se excluía este recaudo ante la falta de respaldo en las bancadas.
El legislador señaló que el propósito de las distintas fuerzas políticas es frenar la iniciativa tributaria sobre este servicio, anticipando que saldrá del articulado preliminar antes de su votación formal.
Tiempos legislativos y posibilidad de sesiones extraordinarias
Aunque la meta trazada apuntaba a ratificar el texto el 2 de diciembre, el representante reconoció que el calendario cuenta con poco margen debido a la deliberación interna de los partidos y los días festivos de fin de año. Pese a estos factores, recalcó que la ley debe aprobarse para garantizar la estabilidad económica del país.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Castro indicó que, si el trámite ordinario resulta insuficiente, el Congreso trabajará en sesiones extraordinarias hasta el 24 de diciembre al mediodía o retomará funciones con posterioridad a esa fecha para concretar la iniciativa.
Propuestas para alcanzar una meta fiscal de 80 billones de pesos
El integrante de la Comisión Tercera sostuvo que el reajuste requerido se sitúa en cerca de 80 billones de pesos al año, cifra equivalente al 3,5 % del PIB. Para cumplir este objetivo sin afectar a las clases medias ni a las poblaciones vulnerables, propuso un plan dividido en recorte del gasto público, enajenación de activos estatales y generación de ingresos permanentes destinados a estabilizar la deuda y reducir el déficit fiscal primario.
Entre las alternativas planteadas para sustituir los recursos figuran las siguientes medidas tributarias y patrimoniales:
- Conservar el cobro de IVA a los vehículos híbridos y eléctricos.
- Gravar con IVA los paquetes postales de valor inferior a 200 dólares.
- Fijar aranceles a mercancías procedentes de naciones sin Tratado de Libre Comercio, mencionando los casos de Vietnam y China.
- Crear una tarifa por el aprovechamiento industrial del agua, manteniendo exentos al sector agropecuario y el consumo en los hogares.
- Elevar las contribuciones sobre la nómina únicamente en los salarios más altos.
- Comercializar las participaciones en ISA y el 8,9 % legalmente facultado de Ecopetrol, canalizando dichos recursos al pago de la deuda pública.
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