Con el propósito de regularizar el trámite de recursos para las regiones y frenar los acuerdos ocultos a cambio de votos legislativos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó este jueves ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo conocido como reforma antimermelada.
La propuesta constituye una de las apuestas de la administración del presidente Abelardo de la Espriella para transformar la asignación de recursos destinados a obras en los municipios y departamentos del país.
Publicidad obligatoria para las solicitudes regionales
Uno de los componentes esenciales del articulado consiste en habilitar un sistema de registro de libre acceso para la ciudadanía. A través de este mecanismo se documentarán las peticiones de inversión que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes gestionen en beneficio de sus territorios.
De acuerdo con la sustentación de la cartera del Interior, cualquier ciudadano podrá verificar de manera directa:
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- El propósito general y alcance del proyecto.
- El municipio o departamento donde se ejecutaría la obra.
- La fecha en la que fue presentada la solicitud.
Frente a esta herramienta de control, Lara sostuvo: “La regla de este Gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen la palabra mermelada, y todos sabes qué significa y es lo oculto, es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quien lo pidió, por qué se aprobó y a cambio de qué”.
Restricciones en la contratación estatal
El proyecto legislativo busca igualmente separar la intermediación regional de las etapas contractuales. Aunque los parlamentarios conservarán la posibilidad de formular proyectos para sus comunidades, tendrán prohibido intervenir de cualquier forma en la adjudicación, suscripción o desarrollo operativo de los contratos que se deriven de dichas obras.
Por otra parte, la formulación presupuestal continuará bajo la potestad del Gobierno nacional, guiada estrictamente por el Plan Nacional de Desarrollo. Conforme a la iniciativa, el solo hecho de que un congresista registre una petición de inversión no asegurará su incorporación financiera ni su aprobación automática.
Finalmente, Lara señaló que estas disposiciones ordenan el marco de inhabilidades parlamentarias, precisando que “hay conflicto cuando existe un beneficio particular y determinado”.
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