Tras culminar un consejo de seguridad en el Palacio de Liévano junto al alcalde Carlos Fernando Galán y los altos mandos militares, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó un paquete de disposiciones para contener el delito en la capital colombiana. El encuentro se produjo con posterioridad a un operativo de gran escala desarrollado durante la madrugada.
Expulsión de extranjeros con historial judicial
La directriz principal se remitió a la dirección de Migración Colombia para gestionar la salida del territorio de ciudadanos venezolanos indocumentados que registren requerimientos judiciales. En la ciudad habitan más de 148.000 personas de dicha nacionalidad sin regularización, un panorama calificado como complejo por el mandatario.
Frente a este escenario, De la Espriella declaró: “los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado”. Asimismo, puntualizó que se reforzará el trabajo conjunto entre la administración distrital y el Ejecutivo para vigilar esta situación bajo el marco legal vigente.
Zonas militares y foco en estructuras criminales
El mandatario identificó a cuatro grupos armados y delincuenciales con presencia e influencia regional en Bogotá:
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Para mitigar su avance, el Ejecutivo solicitó la instauración de las primeras zonas militares, enfocadas primordialmente en vigilar el Sumapaz junto al corredor que lo conecta con Usme. Asimismo, se determinó intensificar las medidas de vigilancia en las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, orientando los esfuerzos a resguardar a conductores de transporte público y comerciantes, sectores más golpeados por las extorsiones.
Traslado de reclusos y coordinación institucional
Entre los lineamientos figura un mandato al Inpec para remitir fuera de Bogotá a los detenidos en la urbe, con la finalidad de frenar directrices delictivas desde las celdas y evitar la vinculación de menores a estas estructuras. Al cuestionar la gestión previa señalando que “romantizaba el delito”, De la Espriella detalló un esquema mensual de seguimiento:
- Consejos de seguridad periódicos cada mes con Galán para medir metas y avances verificados.
- Acciones conjuntas que integran a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública y los gobiernos distrital y nacional.
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