Con el propósito de mitigar las obligaciones financieras acumuladas en el sector asistencial, el Gobierno Nacional formalizó la Resolución 002445 de 2026, normativa que pone en marcha una línea de crédito directo enmarcada en el plan de choque en salud. El instrumento financiero facilitará la cancelación de cuentas pendientes con clínicas, hospitales y distribuidores farmacéuticos por servicios y tecnologías previamente suministrados y facturados.
Mecanismo de desembolso y entidades autorizadas
La operación de estos fondos estará a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Dicha entidad asumirá el estudio de cada petición y transferirá el dinero de forma directa a las instituciones prestadoras y a las compañías proveedoras. Bajo este esquema, las EPS no recibirán el capital en sus cuentas, garantizando que los giros atiendan facturas previamente conciliadas y avaladas por las partes.
La alternativa de financiamiento cobija a entidades del régimen contributivo y subsidiado que registraron tecnologías o atenciones en espera entre el primero y el 20 de septiembre de 2026. Por disposición oficial, quedan excluidas del proceso:
- Aseguradoras bajo medida de intervención forzosa administrativa con fines de liquidación.
- Empresas que hayan radicado la solicitud de retiro voluntario del aseguramiento en salud.
Cada entidad podrá acceder exclusivamente a una operación de crédito, la cual podrá fraccionarse en uno o múltiples pagos hasta agotar la cifra asignada. Mientras el Ministerio de Salud definirá la viabilidad y el cupo global de la estrategia, la ADRES fijará el tope individual según los reportes y costos de los insumos o atenciones pendientes.
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El esquema de amortización contempla una tasa de interés ajustada únicamente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin la adición de puntos porcentuales. Asimismo, se establecen los siguientes parámetros de pago:
- Período de gracia optativo que alcanza un máximo de 12 meses.
- Plazo posterior de hasta 12 meses para saldar el capital por medio de cuotas mensuales.
- Causación de rendimientos financieros a partir del momento de cada desembolso, lapso de gracia incluido.
- Aplicación del interés tributario de la DIAN en eventos de retraso o mora.
Para respaldar los dineros públicos, la reglamentación contempla la firma de pagarés y la potestad de debitar las mensualidades de los giros que la ADRES reconoce a las aseguradoras. De igual manera, se contempla el cobro anticipado total si la deudora incurre en incumplimientos o entra en fase de liquidación.
Compromisos de las aseguradoras y fechas límite
Las beneficiarias deberán suscribir acuerdos de desempeño con el Ministerio de Salud y la ADRES, comprometiéndose a remitir balances financieros actualizados y usar los montos exclusivamente para los pagos avalados. Queda expresamente prohibido que las EPS soliciten rebajas, condonaciones o contraprestaciones a los prestadores y proveedores a cambio de liquidar estas deudas.
En el calendario fijado por la norma, el 28 de febrero de 2027 vence el plazo para pedir el uso del cupo asignado, mientras que el 31 de marzo de 2027 concluye el tiempo para reclamar los desembolsos, a menos que el presupuesto disponible termine antes de esas fechas.
Para velar por la correcta ejecución de la medida, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud integrarán una Mesa de Seguimiento. Esta instancia supervisará el cumplimiento de los acuerdos y revisará la situación de las entidades que no soliciten el mecanismo, remitiendo a la Superintendencia los casos que ameriten investigaciones por persistencia de atenciones pendientes.
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