Gobierno De La Espriella desmantela diálogos con tres grupos armados ilegales

El gobierno de Abelardo De La Espriella ha concretado un cambio sustancial en la estrategia de seguridad nacional, poniendo fin a los diálogos que el Ejecutivo anterior sostenía con tres grupos armados ilegales. Esta determinación, anunciada a través de resoluciones firmadas el 28 de agosto, marca el desmonte de aspectos clave de la política de «Paz Total» impulsada por la administración de Gustavo Petro.

La decisión afecta directamente a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según el Ejecutivo actual, la ausencia de garantías y de una voluntad de paz verificable por parte de estas estructuras fundamenta la ruptura de las negociaciones.

El fin de los acercamientos con el Estado Mayor Central

Una de las resoluciones de mayor impacto es la 343, con fecha del 28 de agosto, que oficializa el término de la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor Central. Este grupo, reconocido en el ámbito criminal como las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, había mantenido un espacio de negociación con el gobierno anterior.

El documento oficial argumenta la finalización de estos acercamientos “por ausencia de voluntad de paz”. La medida específica el cese de diálogo con los bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF – Farc-EP, estructuras que conformaban la mesa de negociación.

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Ruptura con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

En una línea similar, la Resolución 349 declara la finalización del espacio de conversación sociojurídica que se había establecido con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta organización, con influencia preponderante en la región Caribe colombiana, había sido parte de los intentos de pacificación del gobierno precedente.

El argumento esgrimido por el actual gobierno para esta ruptura se centra en que “diversos acontecimientos han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia”. La falta de hechos concretos que demostraran un compromiso genuino con la desmovilización y la legalidad fue un factor determinante.

Cese de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

La tercera determinación gubernamental, consignada en la Resolución 346, cierra la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo surgió en 2024, consolidándose a partir de la unión de distintas estructuras disidentes, como la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

La decisión unificada del gobierno de Abelardo De La Espriella subraya un principio claro: los procesos de diálogo no pueden sustentarse sin compromisos verificables de paz, desmovilización y una intención manifiesta de retorno a la legalidad por parte de los grupos armados ilegales.

Contexto político y de seguridad en Colombia

Esta serie de decisiones no se enmarcan en un vacío, sino en una coyuntura de seguridad y política compleja en Colombia, especialmente tras la implementación de la política de «Paz Total» que buscaba involucrar a un amplio espectro de actores armados en procesos de diálogo. Regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño han sido particularmente afectadas por la persistencia y reconfiguración de grupos armados ilegales. La presencia de disidencias de las FARC, herederas del antiguo conflicto, y la emergencia de otras estructuras armadas como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ha mantenido una presión constante sobre la población civil y las fuerzas de seguridad del Estado.

El suroccidente colombiano, con sus corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, ha sido escenario de enfrentamientos, extorsiones y desplazamientos. La apuesta por la «Paz Total» generó expectativas, pero también críticas por la percepción de que algunos grupos utilizaban los diálogos para fortalecerse militar y económicamente. La postura del gobierno De La Espriella de condicionar el diálogo a la existencia de una «voluntad real de paz» y hechos verificables, representa un giro hacia un enfoque que prioriza la seguridad y la desmovilización efectiva, distanciándose de la flexibilidad que caracterizó la fase inicial de la política anterior.

Un cambio de enfoque en la seguridad nacional

La administración de Abelardo De La Espriella ha manifestado que su estrategia se diferenciará de la de su predecesor, quien había impulsado activamente una política de negociación con múltiples facciones armadas. Sectores políticos y de la sociedad civil habían calificado la «Paz Total» como una iniciativa que generó más costos que beneficios para la seguridad del país, según informes de entidades como la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Las decisiones recientes del Ejecutivo marcan un endurecimiento de la postura estatal frente a los grupos armados ilegales, señalando que la continuidad de cualquier proceso de paz estará intrínsecamente ligada a la demostración de un compromiso genuino y verificable con la desmovilización y el cese de actividades ilícitas.