Gobierno de la Espriella desintegra MinIgualdad: funciones se redistribuyen

El Gobierno colombiano, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, ha iniciado formalmente el desmonte del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una entidad cuya liquidación fue ordenada por la Corte Constitucional. La Presidencia de la República ha instruido la formulación de un plan de acción para redistribuir las funciones, programas y recursos de la cartera en un plazo máximo de un año, buscando solventar el impacto generado por el cierre administrativo y la desatención de diversos programas y presupuestos.

La decisión judicial que precede este desmonte se remonta a la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023. Esta ley había sido el instrumento jurídico para la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, pero el alto tribunal encontró irregularidades en su trámite legislativo, específicamente en la falta de cumplimiento adecuado de los requisitos de aprobación en el Congreso.

Medidas inmediatas para el desmonte

Desde el anuncio de la liquidación, el Gobierno ha tomado acciones concretas para optimizar recursos y fiscalizar la gestión previa. Una de las primeras medidas, según informó NTN24, ha sido el desmonte de cinco de los ocho pisos que el ministerio tenía arrendados. Esta acción proyecta un ahorro superior a los 2.000 millones de pesos anuales en concepto de arriendos, recursos que, según el Ejecutivo, serán redirigidos a otras necesidades prioritarias. Un vocero gubernamental, Miller Soto, destacó que se busca terminar con «el derroche: pisos vacíos y oficinas abandonadas pagadas por los colombianos».

Hallazgos y denuncias por presuntas irregularidades

El proceso de liquidación ha sacado a la luz presuntas irregularidades en la contratación del extinto ministerio. Soto detalló que, en los primeros diez días del proceso, se revisaron más de 60 contratos suscritos en la fase final de funcionamiento de la entidad, los cuales sumarían un valor cercano a los 469.000 millones de pesos. Entre los hallazgos más significativos, se menciona una concentración de más de 171.000 millones de pesos en contratos con una única empresa. Asimismo, se informó que la ejecución de la inversión durante el año anterior habría sido de apenas el 5%.

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Como resultado de estas revisiones, el Gobierno ha radicado 13 denuncias ante las autoridades competentes, desglosadas de la siguiente manera:

Seis denuncias de carácter penal.
Cinco denuncias disciplinarias.
Dos denuncias fiscales.

Adicionalmente, se ha procedido con la supresión de los cinco viceministerios de la entidad, lo que implicaría un ahorro anual de 1.500 millones de pesos. También se anunció la eliminación de más de 40 cargos directivos, con un ahorro estimado de 12.000 millones de pesos al año.

Redistribución de funciones y recursos

El plan de acción para la redistribución de funciones contempla la designación de un liquidador, así como la implementación de medidas para proteger los derechos laborales de los funcionarios afectados, la conservación de archivos institucionales y el aseguramiento del cumplimiento de obligaciones financieras y judiciales pendientes. Caracol Radio informó que varios ministerios asumirán las responsabilidades del extinto MinIgualdad. Infobae especificó que las funciones se repartirán principalmente entre las siguientes carteras:

Ministerio del Interior.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Esta reasignación busca garantizar que los programas y políticas orientadas a la equidad y la protección de poblaciones vulnerables no queden desatendidos, aunque operando bajo estructuras preexistentes.

Contexto político y administrativo

La creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, impulsada por la administración anterior, representó una apuesta significativa por la institucionalización de políticas sociales y de género. Su liquidación, dictaminada por la Corte Constitucional, pone de manifiesto los desafíos inherentes a la articulación legislativa y la gobernabilidad en Colombia. La premura en el desmonte y la detección de presuntas irregularidades contrastan con el propósito original de la cartera, evidenciando tensiones administrativas y políticas sobre la eficiencia del gasto público y la pertinencia de la estructura ministerial. La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de acelerar este proceso subraya un enfoque en la austeridad fiscal y la revisión de la administración pública, marcando una clara diferencia en la orientación de las políticas de gobierno en el país.