El Gobierno de Abelardo De la Espriella, a través del Ministerio del Interior, ha presentado un borrador de decreto que busca modificar la regulación de las manifestaciones ciudadanas en Colombia. Este documento, compuesto por 24 artículos, abre la puerta a un endurecimiento del control policial sobre las movilizaciones y precisa la intervención de la Policía Nacional ante eventuales hechos de violencia.
La propuesta surge semanas después de que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara que no toleraría «desmanes» en las universidades públicas y que se harían cambios para las manifestaciones en estos centros.
Modificaciones al Decreto 003 de 2021
El proyecto de decreto tiene como objetivo principal modificar el Decreto 003 de 2021. Dicha norma previa fue el resultado de un fallo de tutela que ordenó frenar la violencia y los excesos por parte de la fuerza pública durante las protestas. La nueva administración busca habilitar el despliegue directo de uniformados y de las unidades antidisturbios (UNDMO) sin la necesidad de agotar previamente las instancias de diálogo y mediación.
Esquema de fases y excepciones
El borrador establece un esquema escalonado de cinco fases para la intervención en protestas. Sin embargo, faculta a las autoridades a omitir las tres primeras etapas de concertación civil y negociación si se cumplen ciertas condiciones:
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- Agresiones a terceros.
- Porte de objetos peligrosos.
- Obstrucción de infraestructura.
El texto introduce la figura del «equilibrio constitucional», equiparando el derecho fundamental a la protesta con la libre movilidad y la actividad comercial. Esto otorgaría al Puesto de Mando Unificado (PMU) y a las administraciones locales herramientas para justificar el uso de la fuerza en escenarios como bloqueos viales o plantones prolongados frente a sedes productivas.
Preocupación de organizaciones y enfoque estatal
Organizaciones de derechos humanos y diversos sectores sociales han manifestado su preocupación, advirtiendo que estas causales amplias y discrecionales podrían conducir a la criminalización anticipada de las marchas. También señalan un posible retroceso en las garantías internacionales logradas en años recientes.
Aunque la propuesta del Gobierno mantiene formalmente la prohibición del uso de armas de fuego y la no intervención de las Fuerzas Militares en la contención de protestas, traslada el peso de la respuesta estatal hacia la contención y la judicialización de manifestantes. Esto pondría en entredicho el carácter prioritario de la mediación frente a la conflictividad social en el país.
El documento también plantea que el diálogo y la mediación pueden retomarse incluso después de una intervención policial, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas para garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la movilización.
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