Una investigación reciente ha puesto de manifiesto una paradoja en la administración del presidente Abelardo de la Espriella: varios de sus altos funcionarios, con considerables ingresos y patrimonios, aparecen clasificados como «vulnerables» o en «pobreza moderada» dentro del Registro Universal de Ingresos (RUI). Esta situación no solo genera controversia, sino que también expone las falencias del sistema diseñado para focalizar los programas sociales en Colombia.
El aplazamiento del RUI y las alarmas de inconsistencia
La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, buscaba optimizar la identificación de beneficiarios de subsidios y programas sociales. Sin embargo, su puesta en marcha, prevista inicialmente para el 1° de agosto, ha sido aplazada hasta julio de 2027 por decisión del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta medida surge tras la detección de un número inusual de quejas ciudadanas y serias inconsistencias en el algoritmo del nuevo sistema.
Durante el primer mes de su aplicación experimental, el RUI acumuló casi diez veces más reclamaciones por errores en la clasificación socioeconómica que las registradas en todo el año anterior bajo el Sisbén. Incluso el propio presidente de la República, Abelardo de la Espriella, fue clasificado inicialmente como «vulnerable» a pesar de declarar un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos, un error que fue corregido en 24 horas.
Estas clasificaciones, es importante recalcar, no son resultado de declaraciones directas de los funcionarios, sino que el RUI construye perfiles socioeconómicos cruzando datos de diversas fuentes oficiales. Por tanto, las inconsistencias apuntan a fallas estructurales en el sistema de clasificación y no necesariamente a irregularidades en las declaraciones de los implicados.
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La investigación detalló varios casos de altos cargos gubernamentales con ingresos significativos que figuran en categorías de vulnerabilidad:
- Natalia López, Ministra de Trabajo: Clasificada en la categoría C15 del RUI, indicando una estabilidad financiera frágil. Esto contrasta con su patrimonio líquido declarado de 307 millones de pesos, ingresos por 391 millones en 2025, un bien mueble de 350 millones y dos inmuebles valorados en 1.250 millones de pesos.
- Leonardo Huerta, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública: Ubicado en una categoría de vulnerabilidad superior a la de la Ministra. Su patrimonio líquido supera los 1.500 millones de pesos, con ingresos anuales de 150 millones, una casa de 1.100 millones y un vehículo de 120 millones.
- Didier Blanco, Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP): También figura como vulnerable, a pesar de reportar ingresos anuales de 98 millones y un patrimonio de 491 millones.
- Richard Caicedo (Presidente del Icetex), Ricardo Ayerbe (Presidente de la ANI) y Juan Camilo Valencia (Presidente de la Agencia Nacional de Minería): Estos funcionarios también aparecen en categorías de vulnerabilidad, con ingresos anuales de 283 millones, 101 millones y 18 millones, respectivamente.
En las categorías de «pobreza moderada»
La situación se agrava al encontrar dos altos funcionarios en los subgrupos de «pobreza moderada» del RUI, categorías que, según el DANE, corresponden a hogares con ingresos por debajo de los 482.041 pesos mensuales por persona para el año 2025.
- Diana Bravo, Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE): Clasificada en el subgrupo B07. Aunque su declaración de ingresos de 2025 no está publicada, su remuneración mensual como presidenta de la SAE asciende a 34,7 millones de pesos.
- Hitler Chaverra, Secretario General del Ministerio del Interior: Se encuentra en el subgrupo B03. Este funcionario tiene una asignación mensual de 16 millones de pesos, reportó ingresos por 191 millones en 2025 y un patrimonio de 390 millones de pesos.
Según sus ingresos y patrimonios, estos dos últimos funcionarios deberían estar en la categoría D del RUI, reservada para hogares que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad. Su actual clasificación en los subgrupos B03 y B07 los posiciona como potenciales beneficiarios de subsidios y programas sociales.
Cónsules en el exterior también con clasificaciones anómalas
Las inconsistencias no se limitan al territorio nacional. Los cónsules Antonella Farah en Miami y Camilo Naman en Nueva York, ambos primos, también aparecen en subgrupos de vulnerabilidad, a pesar de sus cargos diplomáticos.
Contexto colombiano: la búsqueda de una focalización justa
Colombia, históricamente, ha enfrentado desafíos significativos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los programas sociales son herramientas vitales para mitigar estas brechas, pero su efectividad depende directamente de una focalización precisa. Sistemas como el Sisbén y ahora el RUI son fundamentales en este proceso. Sin embargo, la persistencia de errores y la clasificación de personas con altos ingresos en categorías de vulnerabilidad o pobreza moderada minan la confianza pública y pueden desviar recursos que deberían destinarse a quienes realmente los necesitan. La calibración del RUI es crucial, ya que un sistema defectuoso podría, paradójicamente, profundizar la inequidad en lugar de resolverla, dejando por fuera a familias realmente necesitadas mientras incluye a quienes no cumplen los criterios. El DNP ha reconocido que las fallas persistirán durante el proceso de calibración del algoritmo, extendiendo el plazo de transición y manteniendo el Sisbén como referencia principal durante este periodo crítico.
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