Bogotá D.C. – La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en una acción conjunta con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe (AMARC ALC), ha emitido un enérgico rechazo a la reciente medida adoptada por la nueva administración de Inravisión. La decisión implica la suspensión transitoria de la programación local de las 20 Emisoras de Paz y su reemplazo por una parrilla musical centralizada desde la capital, una determinación que, según las organizaciones, «restringe el acceso a la información local y desconoce el Acuerdo Final de Paz».
Este «apagón» informativo afecta directamente a más de 463.000 personas en zonas rurales, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, ubicadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La FLIP argumenta que, sin programación local, estas poblaciones quedan desprovistas de información crucial sobre asuntos que pueden incidir directamente en su seguridad y bienestar. La situación subraya la importancia de un periodismo territorial robusto en un país con las complejidades sociales y de conflicto armado como Colombia.
El Origen y Propósito de las Emisoras de Paz
Las Emisoras de Paz no son una iniciativa cualquiera; su creación es un mandato específico del punto 6.5 del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este punto estableció la necesidad de implementar 20 emisoras con el objetivo primordial de fomentar la convivencia y la reconciliación en los municipios más golpeados por la violencia histórica. Su labor incluía la pedagogía sobre el Acuerdo, la información acerca de su implementación y la narración de la vida cotidiana en las regiones donde operan.
La importancia de estas emisoras fue tal que el Acto Legislativo 02 de 2017 blindó la implementación del Acuerdo a lo largo de varios periodos presidenciales, garantizando la continuidad de estas iniciativas. Las estaciones se ubicaron estratégicamente en regiones priorizadas por los PDET, considerando criterios como la diversidad étnica y la disponibilidad de frecuencias, con el propósito de amplificar las voces territoriales y asegurar que la información fluyera desde y hacia las comunidades más apartadas. Las primeras emisoras comenzaron a transmitir en 2019, completándose la meta de 20 en diciembre de 2024.
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La controversia surge tras la llegada de la nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella. El lunes festivo 17 de agosto, Inravisión, bajo la dirección de Ángela María Mora Soto –quien asumió el cargo apenas el 12 de agosto, cinco días después de la posesión del presidente–, ordenó vía WhatsApp a los directores de las 20 emisoras detener su programación habitual. Desde el día siguiente, las señales quedaron enlazadas con Bogotá, transmitiendo exclusivamente música.
Esta decisión, presentada como una medida «transitoria» por la administración entrante, se enmarca en un anuncio más amplio del Ministerio TIC, realizado el 16 de agosto, sobre una «transformación» del Sistema de Medios Públicos. Dicha transformación incluye la revisión de más de 1.000 contratos suscritos en 2026 y cambios en la programación de Inravisión. En redes sociales, esta política fue interpretada por algunos funcionarios del sector como el «fin del aparato de propaganda», sugiriendo el cierre de franjas de noticias y opinión.
Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria el sábado 15 de agosto entre la ministra TIC, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela María Mora Soto. Aunque la nueva gerencia ha prometido fortalecer la televisión pública con producciones y series regionales, y más contenidos locales, la FLIP insiste en que la suspensión generalizada de la programación informativa y territorial no es un camino idóneo ni necesario para cualquier reajuste administrativo. Argumentan que esta centralización no reemplaza la función vital de la radio descentralizada, construida por Radio Nacional desde 2014 para generar información desde las regiones.
Repercusiones y llamado de atención
La Fundación para la Libertad de Prensa y sus aliados recalcan que la medida afecta el modelo de radio descentralizada y vulnera el derecho fundamental a informar y recibir información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. La FLIP ha instado a que cualquier reorganización del sistema de medios públicos se realice a través de mecanismos «menos lesivos» y que no comprometan el acceso a la información de las comunidades. Por ello, demandan el restablecimiento inmediato de la programación informativa y local de las Emisoras de Paz.
Este episodio resalta la tensión recurrente en Colombia entre las políticas gubernamentales y la autonomía de los medios públicos, especialmente aquellos con un rol social y de construcción de paz. La capacidad de las comunidades para recibir información pertinente y de primera mano es un pilar fundamental para su desarrollo y seguridad, particularmente en zonas que históricamente han sido marginadas y golpeadas por el conflicto armado.
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