La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha manifestado su preocupación ante una presunta directriz interna de la Presidencia de la República que regularía la interacción entre el Gobierno y los medios de comunicación. Esta disposición, según la FLIP, implica una restricción en la concesión de entrevistas y ruedas de prensa, así como una limitación para la formulación de preguntas a funcionarios, concentrando la vocería oficial y, de manera particular, categorizando a ciertos medios como «amigos».

La alerta de la FLIP no solo subraya una posible afectación a la dinámica de trabajo de los periodistas, sino que también plantea serios interrogantes sobre la transparencia y el acceso a la información pública en un momento crucial para la nación.

La «Directriz» y sus Implicaciones para la Prensa

De acuerdo con el pronunciamiento de la FLIP, la directriz presidencial establecería:

  • No conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean considerados «amigos».
  • Limitar las intervenciones de ministros a declaraciones preestablecidas, sin espacio para preguntas.
  • Concentrar la difusión de información gubernamental en la vocería presidencial.

Para la Fundación, esta estrategia comunicacional excede una mera coordinación de mensajes. Representa, en su lugar, una barrera significativa que impide a los periodistas interpelar al poder, solicitar explicaciones y contrastar versiones oficiales, elementos esenciales para el control democrático.

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La FLIP enfatiza que, aunque cualquier gobierno tiene la facultad de definir sus voceros y alinear sus mensajes, esta prerrogativa no debe transformarse en un obstáculo para el acceso de la prensa a las fuentes oficiales. La inquietud se acentúa con los casos ya documentados por la organización, donde periodistas han acudido a canales institucionales sin obtener respuesta, lo que ha complicado coberturas de relevancia nacional, como la evolución del conflicto armado o las consecuencias de desastres naturales recientes.

La Peligrosa Categorización de Medios «Amigos»

Uno de los puntos más críticos señalados por la FLIP es el concepto de medios «amigos». La Fundación considera que dividir a la prensa en función de su cercanía o afinidad con el Gobierno puede generar un desequilibrio perjudicial. Esta categorización podría traducirse en:

  • Ventajas y privilegios para los medios que no cuestionan al poder.
  • Obstáculos para aquellos que mantienen una posición crítica e independiente.
  • Riesgos de estigmatización y autocensura entre comunicadores por temor a perder el acceso a fuentes oficiales.

La FLIP recordó que ya durante la campaña presidencial se registraron denuncias similares, como la de la periodista Camila Zuluaga, quien reportó dificultades para entrevistar a figuras políticas. Sin embargo, lo que en campaña puede ser una estrategia, al trasladarse al ejercicio del poder público adquiere una dimensión diferente, afectando directamente el derecho a la información de la ciudadanía.

Precedentes Constitucionales y el Rol de la Prensa

La discusión sobre el acceso a la información pública y la libertad de prensa tiene un sólido respaldo constitucional en Colombia. La Corte Constitucional, en su Sentencia SU-018 de 2026, ha reiterado la protección reforzada que asiste a los periodistas cuando solicitan información pública. Esta protección se fundamenta en la función esencial que cumplen en el escrutinio del poder y el mantenimiento de la salud democrática.

Además, la Corte ha establecido que cualquier restricción al acceso a la información debe estar legalmente respaldada, ser proporcionada y debidamente justificada. En este contexto, la FLIP argumenta que la emisión de comunicados o declaraciones predefinidas no puede, bajo ninguna circunstancia, sustituir el derecho y la necesidad de formular preguntas directas a los funcionarios. «El derecho de acceso a la información no se satisface únicamente con lo que el Gobierno decide divulgar», enfatizó la organización.

Contexto Político y la Polarización en Colombia

Esta situación se enmarca en un período de intensa polarización política en Colombia, donde la relación entre el gobierno de turno y ciertos sectores de la prensa ha sido objeto de debate constante. Desde el ascenso del actual gobierno, se han registrado tensiones en el ecosistema mediático, con acusaciones de sesgo por parte y parte y un incremento en la desconfianza hacia las instituciones periodísticas. En este ambiente, cualquier medida que parezca restringir el flujo de información o favorecer a ciertos medios sobre otros agudiza la polarización y pone en riesgo la pluralidad de voces, un pilar fundamental en cualquier democracia. La ciudadanía, en última instancia, es la principal afectada cuando el acceso a fuentes diversas y la capacidad de cuestionamiento periodístico se ven limitados, impidiéndole formar una opinión informada y crítica sobre la gestión pública.

La FLIP ha solicitado formalmente a la Presidencia de la República que reevalúe esta directriz. Su llamado busca garantizar que todos los periodistas, sin distinción de línea editorial o cercanía con el gobierno, tengan las mismas condiciones de acceso a las fuentes oficiales. La advertencia es clara: la verdadera magnitud de una política de «no entrevistas y no preguntas» se medirá precisamente en aquello que el poder escoja no responder.

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