Fiscalía precluye caso Elsa Noguera por POT de Barranquilla un día antes de nombramiento ministerial

La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación penal contra la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, por la presunta expedición irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014, un día antes de su anunciado nombramiento como Ministra de Transporte en el gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión del ente investigador, que lleva diez años estudiando el caso, se sustenta en la «atipicidad del hecho investigado», argumentando que los delitos imputados no eran precisos. Sin embargo, el expediente no ha sido archivado de forma definitiva y será la Corte Suprema de Justicia quien decida sobre su destino.

La Génesis de una Investigación: El POT de Barranquilla y La Loma

La investigación contra Elsa Noguera se originó a raíz de una denuncia que señalaba irregularidades en la aprobación del POT de Barranquilla en 2014, apuntando a que el plan habría favorecido intereses empresariales y proyectos inmobiliarios, particularmente en la zona conocida como La Loma, un área de importancia ambiental. El denunciante, José Raúl Rodríguez, afirmó que Noguera, entonces alcaldesa, expidió el Decreto 0212 para adoptar el nuevo POT, ignorando modificaciones sustanciales aprobadas por el Concejo Distrital.

El Concejo, convocado a sesiones extraordinarias por la propia Noguera, había introducido cambios significativos al proyecto original del POT, entre ellos:

Reducción de la vigencia del POT de veinte a doce años.
Eliminación de facultades solicitadas por la administración municipal.
Declaración del sector de La Loma como zona paisajística, ambiental y recreativa.
Prohibición de construcciones de alta densidad (hasta 50 pisos) en La Loma.

Pese a estas modificaciones, Noguera firmó un decreto que mantenía el proyecto urbanístico en La Loma, asignándole tratamientos de «renovación urbana, desarrollo y consolidación de sectores urbanos especiales para usos múltiples y y equipamientos urbanos de gran escala». Este proyecto, de acuerdo con la denuncia, había sido impulsado por su antecesor y aliado político, Alejandro Char, durante su primera alcaldía (2008-2011), con un presupuesto de cerca de 500 mil millones de pesos para la construcción de viviendas, centros comerciales y equipamientos, con el fin de «volcar el desarrollo de la ciudad hacia el río Magdalena».

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Maniobras Dilatorias y Cuestionamientos a la Preclusión

Los denunciantes han expresado su preocupación por las supuestas «maniobras dilatorias» que habrían caracterizado la investigación durante la última década. Se mencionan traslados constantes del expediente entre despachos, la escasa realización de diligencias y la falta de transparencia en los avances del proceso. Una fuente, que solicitó la reserva de su identidad por ser también parte demandante en otros procesos contra el denominado «clan Char» de Barranquilla, manifestó a la Revista RAYA:

«Se utilizaron medios dilatorios para lograr la preclusión del caso. Pero lo que sucede es que la señora Noguera hace parte de un grupo político que maneja todos los hilos de la Costa y entonces es común que ninguna investigación que esté relacionada con la familia Char y Cambio Radical avance. Son muchos casos los que se han quedado quietos, tienen secuestrados los poderes del Estado.»

Esta declaración pone de manifiesto la percepción de injerencia política en los procesos judiciales que involucran a figuras influyentes de la región Caribe. La preclusión, si bien se argumenta en la atipicidad de los delitos, se produce en un momento político sensible, coincidiendo con la designación ministerial de Noguera.

El Contexto de Barranquilla y el Suroccidente Colombiano

La situación de Barranquilla, y por extensión, del departamento del Atlántico, ha estado marcada históricamente por dinámicas de poder político y económico concentradas en élites regionales. La familia Char, a la que se vincula a Elsa Noguera y al partido Cambio Radical, ha ejercido una influencia predominante en la administración local y departamental durante las últimas décadas. Esta hegemonía ha generado debates constantes sobre la transparencia en la gestión pública y la asignación de recursos, especialmente en proyectos de infraestructura y urbanismo que tienen un alto impacto en el desarrollo urbano y ambiental de la ciudad.

La Loma, el epicentro de esta controversia, no es solo un terreno, sino un símbolo de la pugna entre el desarrollo urbanístico a gran escala y la conservación del patrimonio ambiental y paisajístico. La decisión de Noguera de ir en contra de las determinaciones del Concejo en un área tan sensible plantea interrogantes sobre la prevalencia de intereses privados sobre el bien público y la planeación sostenible de la ciudad. El impacto de estas decisiones se extiende más allá de Barranquilla, reflejando tensiones similares en otras ciudades colombianas donde el crecimiento desmedido se enfrenta a la protección de ecosistemas estratégicos.

Antecedentes Legales y Nuevas Denuncias

El caso de Noguera no es aislado. En 2017, la ampliación de la denuncia de José Raúl Rodríguez señaló la posible comisión de delitos como prevaricato y abuso de autoridad. Adicionalmente, Rodríguez expresó sus dudas sobre la transparencia en el manejo del proceso en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, debido a una serie de ascensos de los jueces encargados del caso entre 2016 y 2017, coincidiendo con el periodo en que Noguera se desempeñó como Ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Otro antecedente relevante es una denuncia de 2015 presentada por el abogado Fabián Araujo contra Alejandro Char y las empresas Edubar y Covein, por un presunto despojo de 38 hectáreas de terrenos privados en La Loma. Araujo sostiene que Char habría adjudicado estas tierras al distrito como «baldíos de la Nación» mediante una «escritura espuria», cuando en realidad eran propiedad privada, respaldado por sentencias de la Corte Suprema de Justicia de las décadas de 1950 y 1960. En el marco de esta investigación, Araujo reiteró a la Fiscalía que los terrenos de La Loma son una reserva ambiental y que el POT fue modificado por decreto para permitir el desarrollo urbanístico.

Vínculos Políticos y Empresariales

Las conexiones entre el sector público y el privado también son un punto de atención. Miguel Eduardo Vergara Cabello, secretario de Planeación durante la alcaldía de Noguera y sobrino de la exprocuradora Margarita Cabello, ha mantenido una estrecha relación laboral con Noguera en distintos cargos. Actualmente, Vergara es socio fundador de Cité Asesores, una empresa dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios y desarrollo urbano, lo que refuerza las preguntas sobre posibles conflictos de interés en la formulación y aprobación del POT.

La decisión final de la Corte Suprema de Justicia sobre la solicitud de preclusión será determinante para aclarar las responsabilidades en este prolongado caso que ha puesto en el foco la transparencia en la gestión urbanística de Barranquilla y la influencia de las élites políticas en la justicia colombiana.