La Fiscalía General de la Nación desmintió categóricamente las acusaciones de la exfiscal Lucy Marcela Laborde, quien aseveró haber sido objeto de presiones para modificar la imputación de cargos en el caso que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La institución afirmó que «no hubo órdenes para eliminar delitos, ni presiones o coacciones», calificando las declaraciones de Laborde como «interpretaciones subjetivas sin sustento».
La controversia surgió tras una entrevista concedida por Laborde, quien estuvo a cargo del proceso de Nicolás Petro hasta su desvinculación hace un mes y medio. En sus declaraciones, la exfiscal indicó que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le habría solicitado retirar el delito de lavado de activos, dejando únicamente el de enriquecimiento ilícito. Según Laborde, esta petición se habría realizado en una reunión en el despacho de Camargo, con la presencia de otros funcionarios, incluido el entonces vicefiscal Gilberto Guerrero. Tras su negativa, Laborde fue trasladada a Barranquilla.
La versión de la Fiscalía y la respuesta de Nicolás Petro
La Fiscalía General, en un comunicado oficial, reafirmó la solidez de la acusación contra Petro Burgos por ambos delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Insistió en que todas las actuaciones dentro del proceso se han ceñido estrictamente a la Constitución y la ley, desvirtuando cualquier insinuación de injerencia o manipulación. La entidad también destacó que el caso ha seguido su curso procesal sin interrupciones, garantizando el debido proceso.
Por su parte, Nicolás Petro Burgos reaccionó a las declaraciones de Laborde y a la cobertura mediática del caso a través de su cuenta de X. El exdiputado del Atlántico criticó lo que considera una visión parcial y sesgada de los hechos, expresando: «La misma estrategia de siempre, solo quedarse con una parte de la historia, la otra parte la omiten descaradamente». Petro Burgos anunció además que emprenderá acciones legales contra la revista que publicó la entrevista de Laborde, señalando que en dicha publicación no se abordaron otros aspectos relevantes del proceso.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Entre los puntos que Petro Burgos considera omitidos, mencionó la presunta vulneración de los derechos de su hijo menor por parte de Laborde, al supuestamente exponer su rostro e información sensible en una audiencia judicial. El hijo del Presidente también puso en entredicho la imparcialidad de la exfiscal, al referirse a «compulsas de copias tanto disciplinarias y penales» en su contra.
Contexto del caso y sus implicaciones políticas
El caso de Nicolás Petro Burgos ha mantenido una alta resonancia política y mediática desde que salió a la luz. Las acusaciones de Laborde añaden una capa de complejidad a un proceso ya de por sí delicado, en el que se investiga el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito involucra sumas de dinero que, según las primeras indagaciones, no habrían sido declaradas y provendrían de fuentes cuestionables.
Este episodio se enmarca en un contexto político colombiano donde la independencia de las instituciones judiciales es frecuentemente objeto de escrutinio. Los señalamientos de presiones internas dentro de la Fiscalía, especialmente en casos que tocan esferas de poder, abren un debate sobre la transparencia y la autonomía en la administración de justicia. La Fiscalía General, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ha enfatizado su compromiso con la objetividad y la persecución de delitos sin importar los involucrados, buscando desmarcarse de cualquier percepción de politización.
Cronología de la controversia
- **Entrevista de Lucy Laborde:** La exfiscal declara que la Fiscal General le pidió retirar el cargo de lavado de activos.
- **Respuesta de la Fiscalía:** Emite un comunicado negando categóricamente las presiones y defendiendo la solidez de la acusación.
- **Reacción de Nicolás Petro:** Critica la parcialidad de la información y anuncia acciones legales, además de señalar presuntas irregularidades por parte de Laborde.
El desarrollo de este caso continuará siendo un foco de atención pública. La credibilidad de las instituciones y la percepción de la imparcialidad judicial están en juego, en un momento donde el gobierno nacional enfrenta diversos desafíos y debates en el ámbito de la justicia y la política.
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