La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a un proceso judicial a cinco trabajadores de una firma señalada de verter sustancias nocivas hacia el Canal de Policarpa, corriente que fluye directamente hacia la Bahía de Cartagena.

Las indagaciones oficiales determinaron que la entidad funcionaba al margen de la ley desde 2021, careciendo de la debida autorización ecológica para sus tareas comerciales. Estas maniobras clandestinas perjudicaron los recursos naturales y la condición médica de los pobladores ubicados en inmediaciones del punto conocido como Puerta de Hierro, en la zona de Policarpa.

Impacto ecológico y afectación a comunidades

Los análisis periciales confirmaron que la compañía expulsaba desechos desde sus instalaciones, provocando un deterioro severo sobre la vegetación, la fauna, los suelos y las fuentes hídricas. Dado que la población circundante empleaba el afluente hídrico para suplir requerimientos elementales diarios, se registraron perjuicios directos sobre el bienestar de los habitantes.

Asimismo, los dictámenes de las autoridades comprobaron:

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  • Muerte y extinción local de diversas especies de animales y plantas.
  • Empobrecimiento de componentes nutricionales del suelo.
  • Reducción significativa en la fertilidad productiva de la tierra afectada.

Sanciones previas y nombres de los procesados

La acción legal inició gracias a una querella radicada por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. El ente de control local reveló que adelanta un proceso administrativo sancionatorio contra la entidad comercial, la cual ya había recibido cinco determinaciones preventivas previas, entre ellas órdenes para frenar sus operaciones tras los continuos reclamos vecinales.

El organismo judicial precisó que los judicializados laboraban en una empresa enfocada al manejo de remanentes petroleros, aceites y desperdicios sólidos. Los ciudadanos judicializados son:

  • Omar Arturo Gutiérrez (referenciado también por el ente acusador como Gutiérrez Florián), representante legal de la compañía.
  • Pedro Enrique Figueroa.
  • Cecilio Rodríguez.
  • Wilmer José Sarmiento.
  • Yan Carlos Núñez.

Una fiscal delegada de la Seccional Bolívar formuló la imputación correspondiente por la conducta punible de contaminación ambiental, atribuyendo agravantes específicos contra el representante legal de la sociedad. Los cinco procesados aceptaron la totalidad de los cargos expuestos por el organismo acusador.

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